Dentro de la campaña "¡MOVILIZATE! Que no te hagan pagar la crisis" en el Día de la Mujer Trabajadora, el PCE y JJ.CC. de León organizaron una mesa redonda, en la cual participaron Paloma Martín Toledo del PCE, Encina Gutiérrez de la Asociación de Mujeres Simone de Beauvoir de León, y con un militante de la UJCE que se centró en el tema del aborto.
Paloma Martín expuso que el gran problema no es la crisis sino quién la genera: la globalización capitalista que ejerce una especie de “socialismo para los bancos y grandes empresas”. España ocupa el "noveno lugar en el Índice de la Economía Internacional", pero esconde nueve millones de pobres, de los cuales la inmensa mayoría son mujeres. El gasto público que repercute en los hogares ha retrocedido considerablemente en el último período, al tiempo que aumenta la privatización de la sanidad, la educación, la vivienda y las pensiones. La realidad muestra el creciente empobrecimiento material de las mujeres, y la sistemática vulneración de sus derechos fundamentales. A las mujeres se les sigue negando el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y su derecho a la participación en todos los ámbitos de lo público en condiciones de igualdad con los hombres.
La situación de desigualdad y discriminación laboral de las mujeres en España es vergonzosa: inferiores tasas de actividad y empleo, superiores tasas de paro, mayor tasa de temporalidad y precariedad, brecha salarial de más del 30%, feminización insostenible de los sectores y empleos más precarios, segregación horizontal y vertical. Del total de empleadores sólo el 25% son mujeres. En todos los grupos de edad es mayor la tasa de pobreza relativa de las mujeres. El porcentaje de parados de larga duración es considerablemente mayor. Unido a que, al renunciar los estados a asumir las funciones de cuidados de la población dependiente, éstas vuelven a recaer en las mujeres, imponiéndoles este sistema el incremento de trabajo gratuito en sus hogares. La corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar y de cuidados, es casi inexistente.
Demasiadas mujeres mueren o sufren violencia machista, y los recursos destinados a erradicar este problema estructural de desigualdad son insignificantes. La paridad dista mucho de ser una realidad en este país: únicamente el 36% de mujeres han sido elegidas para el Congreso, y el 25% para el Senado; sólo el 15% son alcaldesas y el 31% concejalas, y sólo el 32% de los escaños que corresponden a España en el Parlamento Europeo están ocupados por mujeres; si bien es cierto, que nuestra Organización Política, en las próximas elecciones europeas no parece que vaya a contribuir a mejorar esa cifra.
Frente a esta realidad, las mujeres y los hombres del Partido Comunista de España, lucharemos para conseguir: legislaciones y mecanismos de control efectivos que garanticen la igualdad laboral de las mujeres; desterrar definitivamente la Directiva de las 65 horas semanales, hay que reducir la jornada a 35 horas por ley, sin reducción del salario, consiguiendo la jubilación a los 60 años para repartir el trabajo y hacer posible la conciliación laboral y familiar; el desarrollo de un fuerte sector público, sin dejar de lado la nacionalización de los sectores estratégicos, pero haciendo especial hincapié en la necesidad de gestionar eficaz y públicamente aquellos que tienen que ver con los cuidados de la población dependiente, reclamamos una Ley de Dependencia realmente pública y universal, garantizada en la práctica con recursos suficientes para todas aquellas personas que lo necesiten; la aprobación inmediata de una Ley de salud sexual y reproductiva que despenalice totalmente la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que deberá ser garantizada de manera universal y gratuita en la red pública sanitaria; la modificación de la ley de extranjería, para que quienes viven y trabajan aquí sean sujetos con iguales derechos; la coeducación como el máximo garante de igualdad entre hombres y mujeres, en una red educativa pública, laica, y con participación en su gestión de toda la comunidad educativa; una ley que recoja la abolición de la prostitución, y medidas integrales que garanticen la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres; solicitamos la inmediata modificación de la actual ley contra la Violencia de Género; la equiparación en derechos del régimen especial de empleadas de hogar al régimen general de la seguridad social ; y por último, la paridad real, entendida ésta como la presencia equilibrada de sexos en las listas electorales, y no como la interpreta la actual Ley de Igualdad.
Paloma Martín expuso que el gran problema no es la crisis sino quién la genera: la globalización capitalista que ejerce una especie de “socialismo para los bancos y grandes empresas”. España ocupa el "noveno lugar en el Índice de la Economía Internacional", pero esconde nueve millones de pobres, de los cuales la inmensa mayoría son mujeres. El gasto público que repercute en los hogares ha retrocedido considerablemente en el último período, al tiempo que aumenta la privatización de la sanidad, la educación, la vivienda y las pensiones. La realidad muestra el creciente empobrecimiento material de las mujeres, y la sistemática vulneración de sus derechos fundamentales. A las mujeres se les sigue negando el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y su derecho a la participación en todos los ámbitos de lo público en condiciones de igualdad con los hombres.
La situación de desigualdad y discriminación laboral de las mujeres en España es vergonzosa: inferiores tasas de actividad y empleo, superiores tasas de paro, mayor tasa de temporalidad y precariedad, brecha salarial de más del 30%, feminización insostenible de los sectores y empleos más precarios, segregación horizontal y vertical. Del total de empleadores sólo el 25% son mujeres. En todos los grupos de edad es mayor la tasa de pobreza relativa de las mujeres. El porcentaje de parados de larga duración es considerablemente mayor. Unido a que, al renunciar los estados a asumir las funciones de cuidados de la población dependiente, éstas vuelven a recaer en las mujeres, imponiéndoles este sistema el incremento de trabajo gratuito en sus hogares. La corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar y de cuidados, es casi inexistente.
Demasiadas mujeres mueren o sufren violencia machista, y los recursos destinados a erradicar este problema estructural de desigualdad son insignificantes. La paridad dista mucho de ser una realidad en este país: únicamente el 36% de mujeres han sido elegidas para el Congreso, y el 25% para el Senado; sólo el 15% son alcaldesas y el 31% concejalas, y sólo el 32% de los escaños que corresponden a España en el Parlamento Europeo están ocupados por mujeres; si bien es cierto, que nuestra Organización Política, en las próximas elecciones europeas no parece que vaya a contribuir a mejorar esa cifra.
Frente a esta realidad, las mujeres y los hombres del Partido Comunista de España, lucharemos para conseguir: legislaciones y mecanismos de control efectivos que garanticen la igualdad laboral de las mujeres; desterrar definitivamente la Directiva de las 65 horas semanales, hay que reducir la jornada a 35 horas por ley, sin reducción del salario, consiguiendo la jubilación a los 60 años para repartir el trabajo y hacer posible la conciliación laboral y familiar; el desarrollo de un fuerte sector público, sin dejar de lado la nacionalización de los sectores estratégicos, pero haciendo especial hincapié en la necesidad de gestionar eficaz y públicamente aquellos que tienen que ver con los cuidados de la población dependiente, reclamamos una Ley de Dependencia realmente pública y universal, garantizada en la práctica con recursos suficientes para todas aquellas personas que lo necesiten; la aprobación inmediata de una Ley de salud sexual y reproductiva que despenalice totalmente la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que deberá ser garantizada de manera universal y gratuita en la red pública sanitaria; la modificación de la ley de extranjería, para que quienes viven y trabajan aquí sean sujetos con iguales derechos; la coeducación como el máximo garante de igualdad entre hombres y mujeres, en una red educativa pública, laica, y con participación en su gestión de toda la comunidad educativa; una ley que recoja la abolición de la prostitución, y medidas integrales que garanticen la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres; solicitamos la inmediata modificación de la actual ley contra la Violencia de Género; la equiparación en derechos del régimen especial de empleadas de hogar al régimen general de la seguridad social ; y por último, la paridad real, entendida ésta como la presencia equilibrada de sexos en las listas electorales, y no como la interpreta la actual Ley de Igualdad.
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