Publicamos este artículo de Enrique Javier Díez Gutiérrez, Profesor de la Universidad de León y militante del PCE León e IU San Andrés del Rabanedo titulado "Crisis y depresión del capitalismo".
Crisis y depresión del capitalismo
Enrique Javier Díez Gutiérrez.
Profesor de la Universidad de León
PCE León e IU San Andrés del Rabanedo
La crisis que sufrimos obedece a la estructura básica del vigente sistema político-económico capitalista y neoliberal. No se trata de la acción depredadora de unos cuantos banqueros y financieros corruptos, o la distorsión del mercado. No responde a la falta de trasparencia, desregulación y descontrol de la economía financiera. Como si hubiera un "buen" capitalismo productivo y un "mal" capitalismo financiero, un parásito, una excrecencia, que bastaría con eliminar o "regular" para volver a un funcionamiento "normal" del capitalismo. Estos “males”, estas excrecencias, no son una distorsión del capitalismo contemporáneo sino, al contrario, el medio para que funcione plenamente, la esencia del mismo: la búsqueda del máximo beneficio de unos pocos a costa de la explotación de los trabajadores y las trabajadoras de todo el planeta.
Esta crisis, por lo tanto, afecta a los fundamentos mismos del capitalismo: el desplome de Wall Street es comparable a lo que representó, en el ámbito geopolítico, la caída del muro de Berlín. La exclusiva propiedad de los medios de producción en manos de unos pocos, el voraz afán de lucro, la especulación sin freno, que caracterizan esencialmente a este modelo, que rigen nuestras vidas y relaciones laborales, es lo que provoca la crisis que hoy vivimos. Recuérdese la afirmación del inversor multimillonario y primera fortuna del mundo Warren Buffet: "existe, y es un hecho, una guerra de clases; sólo que es una clase, la clase de los ricos, la que dirige el baile; y esta guerra la estamos ganando" (New York Times del 26-XI-06).
Los medios de comunicación, comprometidos con los grandes intereses económicos que controlan el planeta, tratan de hacer creer que se trata de degeneraciones de algunos sectores especialmente especuladores, exageradas bonificaciones de los directivos, excepciones y no expresiones de la actividad bancaria imperante. Nos hablan de la crisis económica como si sólo hubiese fallado una parte del sistema económico, de que los responsables son sólo unos desaprensivos y avariciosos que han actuado por la falta de control financiero. La clase política, subordinada a los intereses de las grandes corporaciones, proclaman que se tiene que refundar el capitalismo, predican que hay que hacerlo más humano para que esto no vuelva a suceder. Sería indecente que esos mismos gobiernos, igualmente responsables del gran desastre actual, “refundasen” un sistema económico para preservar sus privilegios. En realidad, vivimos una grave crisis estructural del sistema capitalista y, más aún, una verdadera crisis de la civilización, que puede poner en riesgo la supervivencia de la humanidad. Detrás de esta crisis se perfila, a su vez, la verdadera crisis estructural sistémica del capitalismo. La continuación del modelo de desarrollo de la economía real, tal y como lo venimos conociendo, así como el del consumo en los países enriquecidos que le va emparejado, se ha vuelto una verdadera amenaza para el porvenir de la humanidad y del planeta (Amin, 2008). Por eso el capitalismo no se puede humanizar porque es, en sí mismo, injusto e inhumano.
Este sistema, junto al colonialismo y el imperialismo, ha sido y continúa siendo responsable, como nunca antes en la historia, de la explotación extrema de los seres humanos, de la destrucción, del derroche y de la degradación de los recursos naturales planetarios que son centrales para sustentar la vida y la dignidad humana. La dictadura de elites dominantes que han venido controlando y concentrando la riqueza y los recursos del mundo son responsables del actual nivel de degradación de los ecosistemas y del deterioro global, de las profundas diferencias en las condiciones de vida de miles de millones de seres humanos; y también somos responsables en parte los demás ciudadanos y ciudadanas del mundo, que no hicimos lo suficiente para evitarlo. La consecuencia de la globalización ha sido la destrucción de los colectivo, la apropiación por el mercado y las entidades privadas de las esferas pública y social.
Con la última etapa de la globalización neoliberal, hemos presenciado un periodo de la historia en el que se ha dado la más grande transferencia de riqueza de los pobres a los ricos, en todas las naciones, y desde los países pobres del Sur al Norte del planeta. Estos subsidios masivos de los pobres a los ricos del mundo no han sido suficientes para compensar los grandes desequilibrios producidos por la guerra fría, la especulación y el derroche improductivo de las elites dominantes y de las grandes potencias -en primer lugar, sus gastos militares.
A partir de los años ochenta, con el neoliberalismo, el sector productivo tendió a crecer cada vez menos; el sector financiero especulativo se volvió dominante y se convirtió en el centro de la actual crisis económica, financiera, política, social, militar y cultural. A la vez estamos próximos al agotamiento de recursos energéticos y vitales cada vez más escasos, como el petróleo, el agua o los recursos minerales. Por otro lado, se produce una competencia entre biocombustibles y alimentos por el uso de la tierra, lo que encarece la producción de los últimos. Está claro que se trata de una crisis estructural y no solamente coyuntural, pero, además, de una crisis de la civilización que exige un replanteamiento de parámetros al que la lógica del capitalismo no puede responder.
El sistema capitalista actual está dominado por un puñado de oligopolios que controlan la toma de decisiones fundamentales en la economía mundial. Unos oligopolios que no sólo son financieros, constituidos por bancos o compañías de seguros, sino que son grupos que actúan en la producción industrial, en los servicios, en los transportes, etc. Su característica principal es su financiarización, es decir, estos oligopolios no producen beneficios, sencillamente se apoderan de una renta de monopolio bajo la apariencia de inversiones financieras (Amin, 2008). El sector financiero ha llegado a representar más de 250 billones de euros, es decir, seis veces el conjunto de la riqueza mundial. Con eso conviene comprender que el centro de gravedad de la decisión económica ha sido transferido de la producción de plusvalía en los sectores productivos hacia la redistribución de beneficios ocasionados por los productos derivados de las inversiones financieras.
Los fondos de inversiones han arrasado. Invirtieron más de 220.000 millones sólo en el curso del primer semestre de 2007, haciéndose así con el control de 8.000 empresas en Estados Unidos. Ya un asalariado estadounidense de cada cuatro, y un asalariado francés de cada doce, trabaja para estos mastodontes. No hay quien se les resista. El principio es simple: un club de inversores compra empresas a las que inmediatamente después administra de manera privada, lejos de la Bolsa y sus normas coactivas, sin tener que rendir cuentas a accionistas puntillosos. Adquieren una empresa que vale 100; el fondo pone 30 de su bolsillo y pide prestados a los bancos 70, aprovechando tipos de interés muy bajos. Durante tres o cuatro años “reorganiza” la empresa, reduciendo el empleo, comprimiendo los salarios, aumentando los ritmos y deslocalizando; capta toda o parte de las ganancias para pagar los intereses…, de su propia deuda. Después de lo cual, revende la empresa a 200, por lo general a otro fondo que hará lo mismo. Una vez devueltos los 70 en préstamo, le quedan 130 en el bolsillo, por una puesta inicial de 30, es decir, más del 300% de tasa de retorno sobre inversiones en cuatro años (Ramonet, 2008).
La voracidad del capitalismo no tiene límites. Necesita expandirse continuamente para tener mayores tasas de ganancia. De ahí la huida hacia delante en las inversiones financieras. Pero esto no podía durar eternamente cuando la base productiva sólo crecía con una tasa débil. La llamada "burbuja financiera", significa que el volumen de las transacciones financieras es del orden de dos mil trillones de dólares cuando la base productiva, el PIB mundial, sólo es de unos 44 trillones de dólares. Hace treinta años, el volumen relativo de las transacciones financieras no tenía ese tamaño. Esas transacciones se destinaban entonces principalmente a la cobertura de las operaciones directamente exigidas por la producción y por el comercio nacional e internacional. La crisis debía pues estallar por una debacle financiera.
Cuando ésta estalló y los bancos comenzaron a desmoronarse, los neoliberales se quedaron afónicos exigiendo la protección del Estado. Archivaron sus doctrinas de libre comercio y reclamaron la salvación del sistema financiero argumentando que, dado que los bancos y las grandes empresas son las que bombean el dinero requerido por toda la sociedad, debían ser preservadas con fondos públicos de esa sociedad (Katz, 2009). Desde mediados de 2007 se han venido incrementando las masivas inyecciones de dinero, extraído mágicamente de los impuestos de los contribuyentes, en un intento por evitar el colapso de los más grandes bancos y empresas, principales responsables de la crisis. En un mundo en el que se aseguraba que no hay dinero para las pensiones, para el seguro de desempleo, para la educación, para la sanidad, ahora resulta que sí que hay dinero, que éste fluye por encanto. Hace unos meses, el anterior presidente de EEUU, Bush, se negó a firmar una ley que ofrecía cobertura médica a nueve millones de niños y niñas pobres por un coste de 4.000 millones de euros. Lo consideró un gasto inútil. Después, para salvar a los rufianes de Wall Street nada le parecía suficiente. En otras palabras: dinero público para bancos privados que lo prestarán a interés, entre otros, a los demás bancos privados… Se ofrece a los inversores potenciales que le presten dinero al Estado (mediante interés) para que el Estado lo devuelva a los bancos. ¡El Capital se ha quedado con los ahorros, y ese dinero se presta al Estado para reflotar al Capital! El capital siempre gana.
Porque realmente no existe, ni ha existido nunca, el denominado “libre mercado”. Es una falacia que, a base de oírla, repetida una y otra vez por determinados políticos y medios de comunicación, nos la hemos creído ingenuamente. Cuando “los mercados” tienen problemas no se les deja que “libremente” los solucionen, como cuando tienen grandes beneficios y entonces, sí que se reparten los dividendos “libremente”. Se confirma así una ley del cinismo neoliberal: Privatizados ya los beneficios, en cuanto resultan amenazadas las inversiones financieras, se socializan las pérdidas. Cuando se produce una crisis en los “mercados” (eufemismo para designar a las grandes corporaciones multinacionales) aparecen las instituciones públicas que, con nuestros impuestos, inyectan enormes sumas de dinero para mantener su liquidez y los políticos más señalados y los dirigentes de esas instituciones hacen declaraciones públicas para calmar y serenar la crisis. ¿Por qué no salen cuando hay despidos masivos por parte de esos mercados? ¿Por qué no utilizan nuestros impuestos para solucionar los problemas que nos causan a los trabajadores y trabajadoras esos mercados que se “deslocalizan” a países donde las condiciones laborales son todavía más degradantes e infrahumanas? Como ya advertía Kenneth Galbraith (1992) “cuando se trata de los empobrecidos, la ayuda y el subsidio del gobierno resultan sumamente sospechosos en cuanto a su necesidad y a la eficacia de su administración a causa de sus efectos adversos sobre la moral y el espíritu de trabajo. Esto no reza, sin embargo, en el caso del apoyo público a quienes gozan de un relativo bienestar. No se considera que perjudique al ciudadano el que se salve de la quiebra a un banco. Los relativamente opulentos pueden soportar los efectos morales adversos de los subsidios y ayudas del gobierno; pero los pobres no”.
La supuesta devoción por el laissez faire, por el dogma del “libre mercado”, esa religión fanática predicada por los neoliberales, desaparece cuando los intereses de los beneficiarios de la globalización se hallan en peligro. Las operaciones de rescate han llegado a niveles inimaginables que se miden por millones de millones de dólares (trillones), muchísimo más de lo que han costado, desde 2001, las invasiones de Afganistán y de Irak. Las autoridades acuden al rescate de los “banksters” (“banqueros gánsteres”): es el socialismo para los ricos y el capitalismo salvaje para los pobres. Tales intervenciones monetarias agregan más volatilidad al sistema e incrementan la incertidumbre, profundizando aún más la crisis. Esto implica que en el futuro tales emisiones de dinero tratarán de ser respaldadas con una mayor transferencia de riqueza real desde los países empobrecidos, desde las clases trabajadoras y medias de los países del norte, por la vía de diferentes mecanismos, incluyendo la amenaza o la imposición militar para sostener el poder económico de la elite de los países ricos y, en particular, de Estados Unidos.
Son esas mismas corporaciones, que exultaban la ideología neoliberal exigiendo la liberalización y la imposición de estrictas limitaciones a la intervención pública, en caso de despidos laborales o derechos sindicales, las que ahora quieren, reclaman y esperan de los gobiernos “asistencia social” en forma de rescates financieros, rebajas fiscales y subvenciones, encauzando hacia ellas el dinero de los impuestos de la ciudadanía. Por eso más que hablar de “rescate de bancos o del sistema”, habría que calificarlo de "botín de piratería': fruto del abordaje y del saqueo consentido de las arcas públicas por parte del gran capital.
Pero no basta con llamar la atención sobre la debacle financiera. Detrás de ella se esboza una crisis de la economía real, ya que la actual deriva financiera misma va a asfixiar el desarrollo de la base productiva. Las soluciones aportadas a la crisis financiera sólo pueden desembocar en una crisis de la economía real: regresión de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras (especialmente los sectores más vulnerables: mujeres, jóvenes, migrantes), aumento del paro laboral (a finales del 2009 se espera llegar al record histórico de 120 millones de personas paradas), alza de la precariedad y empeoramiento de la pobreza en los países del Sur (Amin, 2008).
Esta crisis económica y financiera se acompaña, además, de una crisis ecológica. Los recursos naturales no son suficientes para atender el actual estilo occidental de vida; actualmente el 20% de la población mundial, concentrada en el Norte, consume el 80% de los recursos naturales. El flujo permanente y la transferencia de los recursos del Sur al Norte ha supuesto, en definitiva, que el Sur ha venido financiado el desarrollo y el progreso del Norte. El saqueo ecológico y el calentamiento global, consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales, que son el bien común de la humanidad, -en particular, de los recursos fósiles- afecta a todas las regiones del mundo y se siente más intensamente en las zonas más deprimidas y, dentro de ellas, en los sectores más empobrecidos. En tan solo trescientos años de revolución industrial hemos destruido lo que la naturaleza tardó millones de años en construir. Las mayores reservas de recursos naturales se encuentran en el Sur y son ferozmente disputadas por los países dominantes, lo que ha venido generando guerras que tienden a ampliarse a otras regiones del planeta.
Simultáneamente los precios de los productos alimenticios básicos siguen en alza. Desde marzo de 2007 hasta mayo de 2008, el valor de los productos lácteos subió un 80%, el de la soja un 87%, y el trigo, un 130%. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola estima que por cada aumento de un 1% del coste de los alimentos de base, 16 millones de personas se ven sumergidas en la inseguridad alimentaria. Esta situación se ve agravada debido a que una parte de la producción alimentaria (caña de azúcar, girasol, colza, trigo, remolacha) se está destinando ahora a la producción de agrocarburantes, más rentables para la gran agroindustria de la exportación que destinarlos a alimentos para los seres humanos.
Esta triple crisis, financiera, energética, alimentaria, se ve proyectada hacia una crisis social que ve resurgir políticas autoritarias, visiones fatalistas, xenofobia y racismo. El huracán económico se ha llevado por delante una cuarta parte de la riqueza mundial y, como consecuencia, está provocando, en casi todo el planeta, el cierre de fábricas, la explosión del desempleo, una escalada proteccionista y la radicalización de las protestas sociales. Causa de pobreza, de angustia y de exclusión, la lepra del desempleo se extiende. En EEUU, en China, en la Unión Europea, en Latinoamérica… En Sudamérica, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2009, se registrará un aumento de 2,4 millones de desempleados. Si bien los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), así como Venezuela, Bolivia y Ecuador, podrían capear el temporal, al no haber adoptado el modelo de desregulación ultraliberal y adoptar mecanismos como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y el Banco del Sur. Y no olvidemos que fueron los partidos socialdemócratas y socialistas europeos los que consolidaron la eliminación de cualquier salvaguardia que podía quedar frente a la ola ultraliberal de la derecha.
La brutal explosión del desempleo provoca naturalmente el retorno del nacionalismo económico, lo cual, a su vez, está provocando brotes de xenofobia. En Reino Unido, miles de obreros del sector de la energía, gritando la consigna "Empleos británicos para trabajadores británicos", se declararon en huelga contra la contratación de trabajadores portugueses e italianos en las obras de la refinería Total de Lindsey (Lincolnshire), mientras que miles de polacos eran "invitados" a regresar a su tierra natal. En Italia se está expulsando sin miramientos a los rumanos. Y en todas partes se cuestiona el derecho de residencia de los inmigrantes legalmente establecidos. En numerosos países, grandes empresarios o banqueros que reclaman a gritos -y obtienen del Estado- ayudas millonarias, se aprovechan de la crisis para despedir a mansalva y reducir costes. Una actitud que, en el actual contexto de crecimiento descontrolado del desempleo, enfurece. Por eso se multiplican las protestas sociales. Las turbulencias ya han causado la caída de los Gobiernos de Bélgica, Islandia y Letonia. La protesta en las calles por las dificultades económicas se ha extendido a un número creciente de países –Grecia, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, Corea del Sur, Guadalupe, Reunión, Madagascar, México– y probablemente en muchos más que no se notan aún en la prensa mundial.
Los gobiernos tratan de lidiar con estas protestas a través de dos opciones: mediante métodos abiertamente represivos de control y sometimiento sobre la propia población y los manifestantes que protestan ("balas para los jóvenes, dinero para los bancos" gritaban en las calles de Grecia) o métodos más sutiles de presión y sometimiento para apaciguarlos. Por eso los aparatos estatales han convertido la guerra en el instrumento de galvanización de la voluntad de masas en tiempo de crisis (véase la invasión de Irak por Bush), que al mismo tiempo sirve para que los grandes negocios y corporaciones nacionales se puedan apropiar de los recursos naturales y, en particular, los energéticos, como en Irak y en Afganistán. Además la hegemonía militar ha estado fundida con la hegemonía financiera: quien quiera endeudarse hasta las cejas tiene que integrarse, con todas sus consecuencias, en la coalición militar correcta. Pero las balas no siempre funcionan.
De ahí que hayan recurrido a tácticas de apaciguamiento mediante el uso de tres elementos claves: la “seducción”, el miedo y la beneficencia.
¿Cómo se pudo crear un orden en el que la clase trabajadora gaste sin pedir subidas salariales y los multimillonarios no sean impugnados ni tan siquiera por la clase perdedora? Mediante la seducción del consumo hipotecado y el vertiginoso juego de la bolsa. Las hipotecas y la bolsa se convirtieron en los apaciguadores definitivos de la lucha de clases. La privatización de los seguros sociales y de las pensiones obligó a cada vez más trabajadores y trabajadoras a capitalizar sus ahorros en bolsa quedando así encadenados a su juego. Sus ahorros fueron captados por grandes inversionistas que prometían multiplicar su dinero sin tener que mover un dedo. ¿Quién se iba a resistir, quién no iba a desplazar la racionalidad por la apuesta y el irracionalismo consumista cuando la abundancia parecía brotar de una lámpara maravillosa?
En este clima de consumo sostenido se necesitaba otro eje de sujeción y sometimiento: la hipoteca, el crédito. Todo el sistema de consumo está basado en el crédito (Arriola, 2009). El miedo a no poder poder pagar la hipoteca, a no poder devolver el crédito recibido, se ha convertido en el miedo a ser despedido, a quedarse en el paro. Se está empujando a la gente a sentirse profundamente insegura y atemorizada. Las grandes empresas usan este miedo como arma de sumisión. Esta instrumentalización del miedo, provoca no sólo que cualquier acto de protesta en el trabajo se vea sofocado en breve por el miedo a la pérdida del mismo, sino que la población esté más que dispuesta a escuchar las recetas de esas empresas que “crean” puestos de trabajo –despido libre y gratuito, rebaja de sus impuestos, recorte de prestaciones por desempleo, pacificación sindical, que nada parece que tengan que ver con la innovación o la calidad, la cultura organizativa, la excelencia de las que tanto habla el discurso de empresa en sus manuales (Lacalle, 2009)- y que los propios sindicatos claudiquen a pactos sociales encaminados a “flexibilizar el mercado”. El fundamento último de todo este orden económico es la violencia estructural del paro, de la precariedad y de la amenaza del despido (Bourdieu, 2008).
En este contexto no es de extrañar que el tercer elemento de apaciguamiento no suponga ningún escándalo. Desde las instituciones y los medios de comunicación se aboga como salida a la crisis por la beneficencia, reinstaurando los comedores sociales y las donaciones a organizaciones religiosas y de voluntarios, mientras se destinan miles de millones a “salvar” a los bancos y grandes empresas. Pero los miles de millones de dólares, de los impuestos que pagamos los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, que están siendo entregados generosamente a los bancos y las grandes firmas comerciales sin ninguna restricción, no llegan a las familias que no pueden pagar la hipoteca de la casa o la tarjeta de crédito, que pierden el empleo y están teniendo que formar largas colas para que les den la "sopa de los pobres". En el país más rico del mundo, uno de los grandes bancos rescatados, el Goldman Sachs, ha declarado en su informe que en este año fiscal pagó apenas el 1% de impuestos. Mientras tanto, se le ha respaldado con dinero de la ciudadanía que paga entre el 22% y el 40% de impuestos. En definitiva, asistimos a más de lo mismo, lo de siempre. La denominada “crisis financiera” ahonda la brecha de separación entre dos mundos radicalmente divididos: el mundo de los ricos y el mundo de los pobres, separados pero unidos para que el mundo de los pobres continúe financiando el mundo de los ricos. Beneficencia real para los ricos, migajas para los pobres.
La respuesta rápida y masiva de los países ricos para salvar el capitalismo contrasta con su tardanza en responder a la crisis irresuelta de la pobreza y la marginación que aflige a la mayoría de los pueblos del mundo. En unas semanas, los líderes de los Estados ricos han comprometido cantidades astronómicas de fondos públicos para rescatar instituciones financieras privadas. En cambio generan sumas ridículas para cancelar la injusta deuda externa de los países empobrecidos, quienes han tenido que ejecutar políticas desastrosas impuestas por el FMI. Para ellos, que haya 900 millones de hambrientos no tiene nada que ver con el sistema económico global que lo controlan unas cientos de multinacionales, o que el origen de las guerras sea el saqueo de las riquezas de los pueblos. Se da la circunstancia de que salvar la crisis de los bancos está costando 20 veces más que lo necesario para cumplir los Objetivos del Milenio. Parece pues que la crisis financiera que han provocado los ricos, con su especulación sin límites, la vamos a pagar los pobres.
Las clases dominantes están haciendo todo lo que pueden para proyectar los efectos de la crisis sobre los asalariados y asalariadas y sobre la mayoría de la población: despidos, congelación de salarios y de los presupuestos sociales, ruina de las personas jubiladas debido a las pérdidas registradas por los fondos de pensiones. Porque, eso sí, las ganancias de los ricos que nadie las toque. En épocas de las mayores ganancias multimillonarias para las empresas nuestros sueldos siguen siendo bajos, sigue existiendo precariedad, accidentes laborales, destrucción de empleo y subcontratación de servicios para abaratar costes. Mientras, quienes exhibían unos beneficios de 20.000 millones de euros en 2007 y unas ganancias de 10.000 millones de euros en 2008, ahora piden ayuda pública. Francisco González, presidente del banco BBVA de España, percibió el año pasado 8,74 millones entre salario e incentivos. Por su parte, el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, cobró un salario total de 4,28 millones de euros el año pasado. A esta cantidad también hay que sumar los 2,87 millones de euros percibidos por el consejero delegado del BBVA en concepto de incentivo, lo que significa que la retribución total de Goirigolzarri contando sueldo e incentivos ascendió a 7,15 millones de euros el año pasado. Los 14 miembros del Consejo de Administración del BBVA percibieron en 2008 un salario agregado de 16,19 millones de euros, un 10,51% más que los 14,65 millones de 2007. Además del sueldo, los 14 consejeros tenían acumulados 133,75 millones de euros en compromisos por fondos y planes de pensiones, casi todo a favor de los tres consejeros ejecutivos, ya que Francisco González cuenta con un plan de pensiones por valor de 72,54 millones; el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, cuenta con otro plan valorado en 52,49 millones y el consejero secretario general, José Maldonado, por 8,7 millones. El presidente de Iberdrola cobró más de 16 millones en 2007. Los sueldos de directivos de agencias de crédito hipotecario estadounidenses como Fannie Mae y Freddie Mac ha sido del orden de 70 millones de dólares al año para cada uno. Peter Erskine se embolsó más de 30 millones de Telefónica, incluyendo una paga por quedarse y otra por marcharse, en 2007. Se les paga por cerrar una compra o por hacer bien una venta, por los buenos resultados del año y por los del trienio, por trabajar y por no trabajar (para la competencia). Es simplemente es-can-da-lo-so.
Pero no sólo las retribuciones de los responsables ejecutivos de las grandes empresas alcanzan esta polarización, sino que los beneficios empresariales han aumentado un 33,2% durante el periodo 1999-2006. Mientras, el desempleo ha aumentado, los salarios como porcentaje de la renta nacional han descendido (independientemente de la evolución del ciclo económico), las condiciones de trabajo se han deteriorado y los niveles de protección social (la tasa de crecimiento del gasto público por habitante) se han reducido (Navarro, 2008).
Por eso, hay que empezar a dejar de hablar de campañas de “pobreza 0” y organizar medidas y estrategias efectivas hacia la “riqueza 0”. Cualquier intento de “refundar el capitalismo” se hará bajo la misma lógica de enriquecimiento de una minoría. El capitalismo no es reformable, humanizable o regulable. Las medidas gubernamentales europeas y mundiales, con ayudas a la banca y a las grandes empresas, tienen como finalidad primordial impedir el colapso del sistema, no enfrentarse al dominio de los mercados financieros sobre la economía real y seguir poniendo ésta al servicio de la sociedad. De hecho, estas inyecciones financieras siguen permitiendo que la gran banca siga haciendo sus negocios de alto riesgo sabiendo que el dinero público estará siempre disponible para su salvación (Hernández Vigueras, 2009). Porque los gobiernos le tienen pánico a la posibilidad de que el derrumbe de un banco, por efecto dominó, sea capaz de hundir el sistema. De ahí que esos planes gubernamentales no han intentado siquiera una reglamentación estricta como contrapartida de la ayuda pública que se les da, ni la eliminación de los paraísos fiscales (a pesar de las declaraciones públicas), donde tienen filiales todos los bancos rescatados de alguna manera con dinero público. La existencia de esta “competencia” sirve de argumento para justificar la bajada de impuestos sobre el capital o sobre los beneficios de las sociedades. El peso de la fiscalidad se hace recaer en los impuestos indirectos, los más injustos al pagar todos lo mismo, trayendo como consecuencia la pauperización de los presupuestos públicos, la subfinanciación de los servicios públicos, que a su vez justifica su privatización, etc. (Cassen, 2008). Cualquier medida se ha convertido en un callejón sin salida en el marco del capitalismo neoliberal. Porque no sólo se está cuestinando la legitimidad del paradigma neoliberal, sino el propio futuro del capitalismo en sí mismo. Por ello, no se trata de refundar el capitalismo, sino de construir el socialismo democrático del siglo XXI que dé a la ciudadanía control real y efectivo sobre los recursos del planeta y sobre las decisiones que afectan a sus vidas.
No se trata sólo de afirmar que, lo que hace muy poco parecía una utopía de jóvenes radicales, hoy día es una exigencia elemental para que la economía mundial siga funcionando: acabar con los paraísos fiscales, con la desregulación financiera, con la libertad de movimientos de capital, con la desfiscalización y la renuncia al Estado y que, por el contrario, es necesario establecer impuestos sobre los capitales especulativos (tasa Tobin), crear bancos públicos que garanticen la financiación y someter a los privados a una severa política de reservas y coeficientes de inversión es el único punto de partida eficaz para resolver la crisis. Si realmente se quiere salir de esta crisis global es necesario dar un paso más allá. Se trata de avanzar en el control de la economía por parte de la clase trabajadora, ampliar los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras y mejorar el bienestar de la mayoría de la población.
La alternativa a esta crisis supone una teoría y una práctica postcapitalista, es decir, formas nuevas de reorganización social, sobre la base de un socialismo democrático del nuevo siglo, que articulen de forma seria los contenidos de conceptos tales como democracia, libertad, equidad, justicia, seguridad común, paz, ciudadanía real, etc., con el uso sostenible de los recursos naturales y su apropiación social; la predominancia del valor de uso -es decir, las respuestas a las necesidades de la gente- sobre el valor de cambio, -o sea, la necesidad de acumulación de dinero-, es decir, un modelo en el que el beneficio privado esté subordinado al interés social; la democracia generalizada a todas las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, de género; y la multiculturalidad, de modo que se permita a todas las culturas, saberes y filosofías dar su aporte propio a la reconstrucción social de una nueva sociedad en equilibrio entre sí, con el medio ambiente y con las capacidades del planeta.
Ese modelo debe suponer la mejora de los servicios sociales y el reforzamiento del sector público (de enseñanza, sanitario, asistencial etc.). La sostenibilidad medioambiental (incentivar la creación de actividades y empresas sostenibles, y no de todo tipo de empresas independientemente de su impacto). Un cambio de estrategia energética que apueste por energías limpias y garantice el control público sobre los suministros de energía, incluida la nacionalización y una apuesta decidida por las energías renovables. Un sistema agrario que garantice la soberanía alimentaria y la viabilidad de las empresas agrarias familiares. Un enfoque diferente del habitat, del urbanismo y del sistema de transportes de viajeros y mercancías, un cambio radical del enfoque de la vivienda residencial hasta llegar al predominio de la vivienda pública en régimen de alquiler adaptado a la renta. La creación de un sistema financiero público basado en las necesidades de la gente y la consolidación de formas populares y la consolidación de formas populares, que ya existe, de préstamos basados en la reciprocidad y la solidaridad que apliquen criterios sociales (incluyendo las condiciones laborales) y ambientales en todos los préstamos y den prioridad a los préstamos, con tipos de interés mínimos, para cubrir necesidades sociales y ambientales y para ampliar la ya creciente economía social; la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, el control público y social de la economía y los medios de producción; la intervención de los trabajadores en la organización del trabajo; aplicar rigurosos sistemas fiscales progresivos y un sistema tributario global para evitar la transferencia de precios y la evasión de impuestos; el control del excedente económico y una reforma del mercado laboral que establezca una jornada laboral de 35 horas semanales por ley, sin reducción de salario y la jubilación a los 60 años, para repartir el trabajo entre todos y todas y hacer posible la conciliación laboral y familiar.
Un modelo que suponga tal reestructuración social que obligue en los países enriquecidos a un decrecimiento económico que sea socialmente sostenible (frente a los modelos de desarrollo sostenible): reducción radical del consumo; sólo aquello que se considere necesario y producido según principios ecológicos (Martínez Aller, 2009). Eliminación del gasto militar mundial. Junto con el cambio en las relaciones internacionales de explotación, imponiendo impuestos en origen sobre la extracción de recursos naturales, para financiar modelos de sociedad ecológicamente sostenibles. Un modelo que relocalice la política: todo lo que se pueda decidir a nivel municipal que no se decida en niveles superiores y sólo aquello que afecte a todo el país se decida en ese nivel. Comenzando por la práctica de los presupuestos participativos en los municipios.
Un modelo que establezca legislaciones, y mecanismos de control efectivos que realmente garanticen la igualdad laboral, política e integral de las mujeres, así como la presencia equilibrada de sexos en las listas electorales y en los puestos directivos. A igual trabajo, igual salario. Que recuperación de la titularidad y de la gestión pública de todos los servicios públicos privatizados, especialmente aquellos que tienen que ver con los cuidados de la población dependiente. Un modelo que establezca iguales derechos y deberes para quienes viven y trabajan en cualquier país. Que garantice el derecho al aborto libre y garantizado de manera universal y gratuita desde la red pública sanitaria.
Un modelo que apueste por una vivienda provista preferentemente por el Estado en régimen de propiedad pública y bajo fórmulas de alquiler, cortando así de raíz espirales especulativas. Un modelo que asigne una “renta básica” incondicional a toda la ciudadanía y personas residentes en una zona geográfica, de una cantidad similar al umbral de la pobreza, de cara no sólo a erradicar la pobreza sino a tener una protección efectiva ante la pérdida del puesto de trabajo (Raventós, 2009). Un modelo que no sólo fije un salario mínimo decente donde no lo haya, sino también un salario máximo. Un modelo que erradique la eliminación de impuestos directos que favorece principalmente a las rentas altas, e introduzca una fiscalidad progresiva vía impuestos directos que graven de forma proporcional según los ingresos y beneficios (haciendo pagar más a quién más tiene) y la vuelta al impuesto sobre sucesiones.
Un modelo que elimine los paraísos fiscales, que ponga tasas a las transacciones financieras de capital y que restablezca las restricciones a la libre circulación de capitales. Un modelo, en definitiva, que contemple el reconocimiento de los derechos sociales básicos como derechos subjetivos y exigibles.
La democracia es incompatible con el capitalismo. El capital internacional, las grandes multinacionales y, por extensión, los gobiernos neoliberales, reaccionarios, y los socialdemócratas, siempre temerosos, han secuestrado la política, la capacidad libre de decidir sobre lo esencial a los ciudadanos y ciudadanas. Por eso esta crisis se ve acentuada, a su vez, por una crisis política de deslegitimación de la función de los Estados puestos al servicio del capital. Se cuestiona la función de los gobiernos, de partidos políticos y de la construcción de espacios y procesos democráticos reales, al estar dominados por su sometimiento a los grandes intereses corporativos. De ahí que también y simultáneamente es urgente y necesario refundar la democracia sobre unas bases sólidas y no fundamentada en el secuestro por parte del mundo de las finanzas.
Los que no nos resignamos a pagar con nuestras vidas las facturas de otros, creemos que la salida alternativa a la crisis capitalista pasa por la creación de un movimiento social capaz de imaginar y crear las bases de un auténtico Socialismo democrático del Siglo XXI que refunde la economía y la sociedad sobre bases más justas, más sociales, más igualitarias y más democráticas.
BIBLIOGRAFÍA
ALLER, Joan Martínez. (2009). Lenguajes de valoración. El Viejo Topo, 253, 95-103.
AMIN, Samir. (2008). Respuestas necesarias a la debacle financiera. Le Monde Diplomatique. Monográfico “Punto de Vista” nº 5, 71-74.
ARRIOLA, Joaquín. (2009). Crisis monetaria, crisis de acumulación. El Viejo Topo, 253, 87-93.
BOURDIEU, Pierre. (2008). La esencia del neoliberalismo. Le Monde Diplomatique. Monográfico “Punto de Vista” nº 5, 40-43.
CASSEN, Bernard. (2008). Los paraísos fiscales, muy útiles. Le Monde Diplomatique. Monográfico “Punto de Vista” nº 5, 45.
DÍEZ GUTIÉRREZ, Enrique Javier. (2007). La Globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación. Barcelona: El Roure.
GOMBEAUD, Jean-Louis y DECAILLOT, Maurice. (2009). El Regreso de la Gran Depresión. Mataró: El Viejo Topo.
HERNÁNDEZ VIGUERAS, Juan. (2009). Crisis financiera, rescates bancarios y paraísos fiscales. El Viejo Topo, 253, 53-58.
KATZ, Claudio. (2009). Codicia, regulación o capitalismo. El Viejo Topo, 253, 23-28.
LACALLE, Daniel. (2009). La crisis y los trabajadores. El Viejo Topo, 253, 117-119.
LATOUCHE, Serge. (2009). Decrecimiento y posdesarrollo. El pensamiento creativo contra la economía del absurdo. Mataró: El Viejo Topo.
NAVARRO, Vicenç. (2008). El deterioro de la Europa social. Le Monde Diplomatique. Monográfico “Punto de Vista” nº 5, 51-54.
PALERMO, Giulio. (2009). El mito del mercado global: Crítica de las teorías neoliberales. Mataró: El Viejo Topo.
RAMONET, Ignacio. (2008). Nuevo capitalismo. Le Monde Diplomatique. Monográfico “Punto de Vista” nº 5, 49.
RAVENTÓS, Daniel. (2009). Una renta básica en una economía deprimida. El Viejo Topo, 253, 111-115.
Crisis y depresión del capitalismo
Enrique Javier Díez Gutiérrez.
Profesor de la Universidad de León
PCE León e IU San Andrés del Rabanedo
La crisis que sufrimos obedece a la estructura básica del vigente sistema político-económico capitalista y neoliberal. No se trata de la acción depredadora de unos cuantos banqueros y financieros corruptos, o la distorsión del mercado. No responde a la falta de trasparencia, desregulación y descontrol de la economía financiera. Como si hubiera un "buen" capitalismo productivo y un "mal" capitalismo financiero, un parásito, una excrecencia, que bastaría con eliminar o "regular" para volver a un funcionamiento "normal" del capitalismo. Estos “males”, estas excrecencias, no son una distorsión del capitalismo contemporáneo sino, al contrario, el medio para que funcione plenamente, la esencia del mismo: la búsqueda del máximo beneficio de unos pocos a costa de la explotación de los trabajadores y las trabajadoras de todo el planeta.
Esta crisis, por lo tanto, afecta a los fundamentos mismos del capitalismo: el desplome de Wall Street es comparable a lo que representó, en el ámbito geopolítico, la caída del muro de Berlín. La exclusiva propiedad de los medios de producción en manos de unos pocos, el voraz afán de lucro, la especulación sin freno, que caracterizan esencialmente a este modelo, que rigen nuestras vidas y relaciones laborales, es lo que provoca la crisis que hoy vivimos. Recuérdese la afirmación del inversor multimillonario y primera fortuna del mundo Warren Buffet: "existe, y es un hecho, una guerra de clases; sólo que es una clase, la clase de los ricos, la que dirige el baile; y esta guerra la estamos ganando" (New York Times del 26-XI-06).
Los medios de comunicación, comprometidos con los grandes intereses económicos que controlan el planeta, tratan de hacer creer que se trata de degeneraciones de algunos sectores especialmente especuladores, exageradas bonificaciones de los directivos, excepciones y no expresiones de la actividad bancaria imperante. Nos hablan de la crisis económica como si sólo hubiese fallado una parte del sistema económico, de que los responsables son sólo unos desaprensivos y avariciosos que han actuado por la falta de control financiero. La clase política, subordinada a los intereses de las grandes corporaciones, proclaman que se tiene que refundar el capitalismo, predican que hay que hacerlo más humano para que esto no vuelva a suceder. Sería indecente que esos mismos gobiernos, igualmente responsables del gran desastre actual, “refundasen” un sistema económico para preservar sus privilegios. En realidad, vivimos una grave crisis estructural del sistema capitalista y, más aún, una verdadera crisis de la civilización, que puede poner en riesgo la supervivencia de la humanidad. Detrás de esta crisis se perfila, a su vez, la verdadera crisis estructural sistémica del capitalismo. La continuación del modelo de desarrollo de la economía real, tal y como lo venimos conociendo, así como el del consumo en los países enriquecidos que le va emparejado, se ha vuelto una verdadera amenaza para el porvenir de la humanidad y del planeta (Amin, 2008). Por eso el capitalismo no se puede humanizar porque es, en sí mismo, injusto e inhumano.
Este sistema, junto al colonialismo y el imperialismo, ha sido y continúa siendo responsable, como nunca antes en la historia, de la explotación extrema de los seres humanos, de la destrucción, del derroche y de la degradación de los recursos naturales planetarios que son centrales para sustentar la vida y la dignidad humana. La dictadura de elites dominantes que han venido controlando y concentrando la riqueza y los recursos del mundo son responsables del actual nivel de degradación de los ecosistemas y del deterioro global, de las profundas diferencias en las condiciones de vida de miles de millones de seres humanos; y también somos responsables en parte los demás ciudadanos y ciudadanas del mundo, que no hicimos lo suficiente para evitarlo. La consecuencia de la globalización ha sido la destrucción de los colectivo, la apropiación por el mercado y las entidades privadas de las esferas pública y social.
Con la última etapa de la globalización neoliberal, hemos presenciado un periodo de la historia en el que se ha dado la más grande transferencia de riqueza de los pobres a los ricos, en todas las naciones, y desde los países pobres del Sur al Norte del planeta. Estos subsidios masivos de los pobres a los ricos del mundo no han sido suficientes para compensar los grandes desequilibrios producidos por la guerra fría, la especulación y el derroche improductivo de las elites dominantes y de las grandes potencias -en primer lugar, sus gastos militares.
A partir de los años ochenta, con el neoliberalismo, el sector productivo tendió a crecer cada vez menos; el sector financiero especulativo se volvió dominante y se convirtió en el centro de la actual crisis económica, financiera, política, social, militar y cultural. A la vez estamos próximos al agotamiento de recursos energéticos y vitales cada vez más escasos, como el petróleo, el agua o los recursos minerales. Por otro lado, se produce una competencia entre biocombustibles y alimentos por el uso de la tierra, lo que encarece la producción de los últimos. Está claro que se trata de una crisis estructural y no solamente coyuntural, pero, además, de una crisis de la civilización que exige un replanteamiento de parámetros al que la lógica del capitalismo no puede responder.
El sistema capitalista actual está dominado por un puñado de oligopolios que controlan la toma de decisiones fundamentales en la economía mundial. Unos oligopolios que no sólo son financieros, constituidos por bancos o compañías de seguros, sino que son grupos que actúan en la producción industrial, en los servicios, en los transportes, etc. Su característica principal es su financiarización, es decir, estos oligopolios no producen beneficios, sencillamente se apoderan de una renta de monopolio bajo la apariencia de inversiones financieras (Amin, 2008). El sector financiero ha llegado a representar más de 250 billones de euros, es decir, seis veces el conjunto de la riqueza mundial. Con eso conviene comprender que el centro de gravedad de la decisión económica ha sido transferido de la producción de plusvalía en los sectores productivos hacia la redistribución de beneficios ocasionados por los productos derivados de las inversiones financieras.
Los fondos de inversiones han arrasado. Invirtieron más de 220.000 millones sólo en el curso del primer semestre de 2007, haciéndose así con el control de 8.000 empresas en Estados Unidos. Ya un asalariado estadounidense de cada cuatro, y un asalariado francés de cada doce, trabaja para estos mastodontes. No hay quien se les resista. El principio es simple: un club de inversores compra empresas a las que inmediatamente después administra de manera privada, lejos de la Bolsa y sus normas coactivas, sin tener que rendir cuentas a accionistas puntillosos. Adquieren una empresa que vale 100; el fondo pone 30 de su bolsillo y pide prestados a los bancos 70, aprovechando tipos de interés muy bajos. Durante tres o cuatro años “reorganiza” la empresa, reduciendo el empleo, comprimiendo los salarios, aumentando los ritmos y deslocalizando; capta toda o parte de las ganancias para pagar los intereses…, de su propia deuda. Después de lo cual, revende la empresa a 200, por lo general a otro fondo que hará lo mismo. Una vez devueltos los 70 en préstamo, le quedan 130 en el bolsillo, por una puesta inicial de 30, es decir, más del 300% de tasa de retorno sobre inversiones en cuatro años (Ramonet, 2008).
La voracidad del capitalismo no tiene límites. Necesita expandirse continuamente para tener mayores tasas de ganancia. De ahí la huida hacia delante en las inversiones financieras. Pero esto no podía durar eternamente cuando la base productiva sólo crecía con una tasa débil. La llamada "burbuja financiera", significa que el volumen de las transacciones financieras es del orden de dos mil trillones de dólares cuando la base productiva, el PIB mundial, sólo es de unos 44 trillones de dólares. Hace treinta años, el volumen relativo de las transacciones financieras no tenía ese tamaño. Esas transacciones se destinaban entonces principalmente a la cobertura de las operaciones directamente exigidas por la producción y por el comercio nacional e internacional. La crisis debía pues estallar por una debacle financiera.
Cuando ésta estalló y los bancos comenzaron a desmoronarse, los neoliberales se quedaron afónicos exigiendo la protección del Estado. Archivaron sus doctrinas de libre comercio y reclamaron la salvación del sistema financiero argumentando que, dado que los bancos y las grandes empresas son las que bombean el dinero requerido por toda la sociedad, debían ser preservadas con fondos públicos de esa sociedad (Katz, 2009). Desde mediados de 2007 se han venido incrementando las masivas inyecciones de dinero, extraído mágicamente de los impuestos de los contribuyentes, en un intento por evitar el colapso de los más grandes bancos y empresas, principales responsables de la crisis. En un mundo en el que se aseguraba que no hay dinero para las pensiones, para el seguro de desempleo, para la educación, para la sanidad, ahora resulta que sí que hay dinero, que éste fluye por encanto. Hace unos meses, el anterior presidente de EEUU, Bush, se negó a firmar una ley que ofrecía cobertura médica a nueve millones de niños y niñas pobres por un coste de 4.000 millones de euros. Lo consideró un gasto inútil. Después, para salvar a los rufianes de Wall Street nada le parecía suficiente. En otras palabras: dinero público para bancos privados que lo prestarán a interés, entre otros, a los demás bancos privados… Se ofrece a los inversores potenciales que le presten dinero al Estado (mediante interés) para que el Estado lo devuelva a los bancos. ¡El Capital se ha quedado con los ahorros, y ese dinero se presta al Estado para reflotar al Capital! El capital siempre gana.
Porque realmente no existe, ni ha existido nunca, el denominado “libre mercado”. Es una falacia que, a base de oírla, repetida una y otra vez por determinados políticos y medios de comunicación, nos la hemos creído ingenuamente. Cuando “los mercados” tienen problemas no se les deja que “libremente” los solucionen, como cuando tienen grandes beneficios y entonces, sí que se reparten los dividendos “libremente”. Se confirma así una ley del cinismo neoliberal: Privatizados ya los beneficios, en cuanto resultan amenazadas las inversiones financieras, se socializan las pérdidas. Cuando se produce una crisis en los “mercados” (eufemismo para designar a las grandes corporaciones multinacionales) aparecen las instituciones públicas que, con nuestros impuestos, inyectan enormes sumas de dinero para mantener su liquidez y los políticos más señalados y los dirigentes de esas instituciones hacen declaraciones públicas para calmar y serenar la crisis. ¿Por qué no salen cuando hay despidos masivos por parte de esos mercados? ¿Por qué no utilizan nuestros impuestos para solucionar los problemas que nos causan a los trabajadores y trabajadoras esos mercados que se “deslocalizan” a países donde las condiciones laborales son todavía más degradantes e infrahumanas? Como ya advertía Kenneth Galbraith (1992) “cuando se trata de los empobrecidos, la ayuda y el subsidio del gobierno resultan sumamente sospechosos en cuanto a su necesidad y a la eficacia de su administración a causa de sus efectos adversos sobre la moral y el espíritu de trabajo. Esto no reza, sin embargo, en el caso del apoyo público a quienes gozan de un relativo bienestar. No se considera que perjudique al ciudadano el que se salve de la quiebra a un banco. Los relativamente opulentos pueden soportar los efectos morales adversos de los subsidios y ayudas del gobierno; pero los pobres no”.
La supuesta devoción por el laissez faire, por el dogma del “libre mercado”, esa religión fanática predicada por los neoliberales, desaparece cuando los intereses de los beneficiarios de la globalización se hallan en peligro. Las operaciones de rescate han llegado a niveles inimaginables que se miden por millones de millones de dólares (trillones), muchísimo más de lo que han costado, desde 2001, las invasiones de Afganistán y de Irak. Las autoridades acuden al rescate de los “banksters” (“banqueros gánsteres”): es el socialismo para los ricos y el capitalismo salvaje para los pobres. Tales intervenciones monetarias agregan más volatilidad al sistema e incrementan la incertidumbre, profundizando aún más la crisis. Esto implica que en el futuro tales emisiones de dinero tratarán de ser respaldadas con una mayor transferencia de riqueza real desde los países empobrecidos, desde las clases trabajadoras y medias de los países del norte, por la vía de diferentes mecanismos, incluyendo la amenaza o la imposición militar para sostener el poder económico de la elite de los países ricos y, en particular, de Estados Unidos.
Son esas mismas corporaciones, que exultaban la ideología neoliberal exigiendo la liberalización y la imposición de estrictas limitaciones a la intervención pública, en caso de despidos laborales o derechos sindicales, las que ahora quieren, reclaman y esperan de los gobiernos “asistencia social” en forma de rescates financieros, rebajas fiscales y subvenciones, encauzando hacia ellas el dinero de los impuestos de la ciudadanía. Por eso más que hablar de “rescate de bancos o del sistema”, habría que calificarlo de "botín de piratería': fruto del abordaje y del saqueo consentido de las arcas públicas por parte del gran capital.
Pero no basta con llamar la atención sobre la debacle financiera. Detrás de ella se esboza una crisis de la economía real, ya que la actual deriva financiera misma va a asfixiar el desarrollo de la base productiva. Las soluciones aportadas a la crisis financiera sólo pueden desembocar en una crisis de la economía real: regresión de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras (especialmente los sectores más vulnerables: mujeres, jóvenes, migrantes), aumento del paro laboral (a finales del 2009 se espera llegar al record histórico de 120 millones de personas paradas), alza de la precariedad y empeoramiento de la pobreza en los países del Sur (Amin, 2008).
Esta crisis económica y financiera se acompaña, además, de una crisis ecológica. Los recursos naturales no son suficientes para atender el actual estilo occidental de vida; actualmente el 20% de la población mundial, concentrada en el Norte, consume el 80% de los recursos naturales. El flujo permanente y la transferencia de los recursos del Sur al Norte ha supuesto, en definitiva, que el Sur ha venido financiado el desarrollo y el progreso del Norte. El saqueo ecológico y el calentamiento global, consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales, que son el bien común de la humanidad, -en particular, de los recursos fósiles- afecta a todas las regiones del mundo y se siente más intensamente en las zonas más deprimidas y, dentro de ellas, en los sectores más empobrecidos. En tan solo trescientos años de revolución industrial hemos destruido lo que la naturaleza tardó millones de años en construir. Las mayores reservas de recursos naturales se encuentran en el Sur y son ferozmente disputadas por los países dominantes, lo que ha venido generando guerras que tienden a ampliarse a otras regiones del planeta.
Simultáneamente los precios de los productos alimenticios básicos siguen en alza. Desde marzo de 2007 hasta mayo de 2008, el valor de los productos lácteos subió un 80%, el de la soja un 87%, y el trigo, un 130%. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola estima que por cada aumento de un 1% del coste de los alimentos de base, 16 millones de personas se ven sumergidas en la inseguridad alimentaria. Esta situación se ve agravada debido a que una parte de la producción alimentaria (caña de azúcar, girasol, colza, trigo, remolacha) se está destinando ahora a la producción de agrocarburantes, más rentables para la gran agroindustria de la exportación que destinarlos a alimentos para los seres humanos.
Esta triple crisis, financiera, energética, alimentaria, se ve proyectada hacia una crisis social que ve resurgir políticas autoritarias, visiones fatalistas, xenofobia y racismo. El huracán económico se ha llevado por delante una cuarta parte de la riqueza mundial y, como consecuencia, está provocando, en casi todo el planeta, el cierre de fábricas, la explosión del desempleo, una escalada proteccionista y la radicalización de las protestas sociales. Causa de pobreza, de angustia y de exclusión, la lepra del desempleo se extiende. En EEUU, en China, en la Unión Europea, en Latinoamérica… En Sudamérica, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2009, se registrará un aumento de 2,4 millones de desempleados. Si bien los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), así como Venezuela, Bolivia y Ecuador, podrían capear el temporal, al no haber adoptado el modelo de desregulación ultraliberal y adoptar mecanismos como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y el Banco del Sur. Y no olvidemos que fueron los partidos socialdemócratas y socialistas europeos los que consolidaron la eliminación de cualquier salvaguardia que podía quedar frente a la ola ultraliberal de la derecha.
La brutal explosión del desempleo provoca naturalmente el retorno del nacionalismo económico, lo cual, a su vez, está provocando brotes de xenofobia. En Reino Unido, miles de obreros del sector de la energía, gritando la consigna "Empleos británicos para trabajadores británicos", se declararon en huelga contra la contratación de trabajadores portugueses e italianos en las obras de la refinería Total de Lindsey (Lincolnshire), mientras que miles de polacos eran "invitados" a regresar a su tierra natal. En Italia se está expulsando sin miramientos a los rumanos. Y en todas partes se cuestiona el derecho de residencia de los inmigrantes legalmente establecidos. En numerosos países, grandes empresarios o banqueros que reclaman a gritos -y obtienen del Estado- ayudas millonarias, se aprovechan de la crisis para despedir a mansalva y reducir costes. Una actitud que, en el actual contexto de crecimiento descontrolado del desempleo, enfurece. Por eso se multiplican las protestas sociales. Las turbulencias ya han causado la caída de los Gobiernos de Bélgica, Islandia y Letonia. La protesta en las calles por las dificultades económicas se ha extendido a un número creciente de países –Grecia, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, Corea del Sur, Guadalupe, Reunión, Madagascar, México– y probablemente en muchos más que no se notan aún en la prensa mundial.
Los gobiernos tratan de lidiar con estas protestas a través de dos opciones: mediante métodos abiertamente represivos de control y sometimiento sobre la propia población y los manifestantes que protestan ("balas para los jóvenes, dinero para los bancos" gritaban en las calles de Grecia) o métodos más sutiles de presión y sometimiento para apaciguarlos. Por eso los aparatos estatales han convertido la guerra en el instrumento de galvanización de la voluntad de masas en tiempo de crisis (véase la invasión de Irak por Bush), que al mismo tiempo sirve para que los grandes negocios y corporaciones nacionales se puedan apropiar de los recursos naturales y, en particular, los energéticos, como en Irak y en Afganistán. Además la hegemonía militar ha estado fundida con la hegemonía financiera: quien quiera endeudarse hasta las cejas tiene que integrarse, con todas sus consecuencias, en la coalición militar correcta. Pero las balas no siempre funcionan.
De ahí que hayan recurrido a tácticas de apaciguamiento mediante el uso de tres elementos claves: la “seducción”, el miedo y la beneficencia.
¿Cómo se pudo crear un orden en el que la clase trabajadora gaste sin pedir subidas salariales y los multimillonarios no sean impugnados ni tan siquiera por la clase perdedora? Mediante la seducción del consumo hipotecado y el vertiginoso juego de la bolsa. Las hipotecas y la bolsa se convirtieron en los apaciguadores definitivos de la lucha de clases. La privatización de los seguros sociales y de las pensiones obligó a cada vez más trabajadores y trabajadoras a capitalizar sus ahorros en bolsa quedando así encadenados a su juego. Sus ahorros fueron captados por grandes inversionistas que prometían multiplicar su dinero sin tener que mover un dedo. ¿Quién se iba a resistir, quién no iba a desplazar la racionalidad por la apuesta y el irracionalismo consumista cuando la abundancia parecía brotar de una lámpara maravillosa?
En este clima de consumo sostenido se necesitaba otro eje de sujeción y sometimiento: la hipoteca, el crédito. Todo el sistema de consumo está basado en el crédito (Arriola, 2009). El miedo a no poder poder pagar la hipoteca, a no poder devolver el crédito recibido, se ha convertido en el miedo a ser despedido, a quedarse en el paro. Se está empujando a la gente a sentirse profundamente insegura y atemorizada. Las grandes empresas usan este miedo como arma de sumisión. Esta instrumentalización del miedo, provoca no sólo que cualquier acto de protesta en el trabajo se vea sofocado en breve por el miedo a la pérdida del mismo, sino que la población esté más que dispuesta a escuchar las recetas de esas empresas que “crean” puestos de trabajo –despido libre y gratuito, rebaja de sus impuestos, recorte de prestaciones por desempleo, pacificación sindical, que nada parece que tengan que ver con la innovación o la calidad, la cultura organizativa, la excelencia de las que tanto habla el discurso de empresa en sus manuales (Lacalle, 2009)- y que los propios sindicatos claudiquen a pactos sociales encaminados a “flexibilizar el mercado”. El fundamento último de todo este orden económico es la violencia estructural del paro, de la precariedad y de la amenaza del despido (Bourdieu, 2008).
En este contexto no es de extrañar que el tercer elemento de apaciguamiento no suponga ningún escándalo. Desde las instituciones y los medios de comunicación se aboga como salida a la crisis por la beneficencia, reinstaurando los comedores sociales y las donaciones a organizaciones religiosas y de voluntarios, mientras se destinan miles de millones a “salvar” a los bancos y grandes empresas. Pero los miles de millones de dólares, de los impuestos que pagamos los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, que están siendo entregados generosamente a los bancos y las grandes firmas comerciales sin ninguna restricción, no llegan a las familias que no pueden pagar la hipoteca de la casa o la tarjeta de crédito, que pierden el empleo y están teniendo que formar largas colas para que les den la "sopa de los pobres". En el país más rico del mundo, uno de los grandes bancos rescatados, el Goldman Sachs, ha declarado en su informe que en este año fiscal pagó apenas el 1% de impuestos. Mientras tanto, se le ha respaldado con dinero de la ciudadanía que paga entre el 22% y el 40% de impuestos. En definitiva, asistimos a más de lo mismo, lo de siempre. La denominada “crisis financiera” ahonda la brecha de separación entre dos mundos radicalmente divididos: el mundo de los ricos y el mundo de los pobres, separados pero unidos para que el mundo de los pobres continúe financiando el mundo de los ricos. Beneficencia real para los ricos, migajas para los pobres.
La respuesta rápida y masiva de los países ricos para salvar el capitalismo contrasta con su tardanza en responder a la crisis irresuelta de la pobreza y la marginación que aflige a la mayoría de los pueblos del mundo. En unas semanas, los líderes de los Estados ricos han comprometido cantidades astronómicas de fondos públicos para rescatar instituciones financieras privadas. En cambio generan sumas ridículas para cancelar la injusta deuda externa de los países empobrecidos, quienes han tenido que ejecutar políticas desastrosas impuestas por el FMI. Para ellos, que haya 900 millones de hambrientos no tiene nada que ver con el sistema económico global que lo controlan unas cientos de multinacionales, o que el origen de las guerras sea el saqueo de las riquezas de los pueblos. Se da la circunstancia de que salvar la crisis de los bancos está costando 20 veces más que lo necesario para cumplir los Objetivos del Milenio. Parece pues que la crisis financiera que han provocado los ricos, con su especulación sin límites, la vamos a pagar los pobres.
Las clases dominantes están haciendo todo lo que pueden para proyectar los efectos de la crisis sobre los asalariados y asalariadas y sobre la mayoría de la población: despidos, congelación de salarios y de los presupuestos sociales, ruina de las personas jubiladas debido a las pérdidas registradas por los fondos de pensiones. Porque, eso sí, las ganancias de los ricos que nadie las toque. En épocas de las mayores ganancias multimillonarias para las empresas nuestros sueldos siguen siendo bajos, sigue existiendo precariedad, accidentes laborales, destrucción de empleo y subcontratación de servicios para abaratar costes. Mientras, quienes exhibían unos beneficios de 20.000 millones de euros en 2007 y unas ganancias de 10.000 millones de euros en 2008, ahora piden ayuda pública. Francisco González, presidente del banco BBVA de España, percibió el año pasado 8,74 millones entre salario e incentivos. Por su parte, el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, cobró un salario total de 4,28 millones de euros el año pasado. A esta cantidad también hay que sumar los 2,87 millones de euros percibidos por el consejero delegado del BBVA en concepto de incentivo, lo que significa que la retribución total de Goirigolzarri contando sueldo e incentivos ascendió a 7,15 millones de euros el año pasado. Los 14 miembros del Consejo de Administración del BBVA percibieron en 2008 un salario agregado de 16,19 millones de euros, un 10,51% más que los 14,65 millones de 2007. Además del sueldo, los 14 consejeros tenían acumulados 133,75 millones de euros en compromisos por fondos y planes de pensiones, casi todo a favor de los tres consejeros ejecutivos, ya que Francisco González cuenta con un plan de pensiones por valor de 72,54 millones; el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, cuenta con otro plan valorado en 52,49 millones y el consejero secretario general, José Maldonado, por 8,7 millones. El presidente de Iberdrola cobró más de 16 millones en 2007. Los sueldos de directivos de agencias de crédito hipotecario estadounidenses como Fannie Mae y Freddie Mac ha sido del orden de 70 millones de dólares al año para cada uno. Peter Erskine se embolsó más de 30 millones de Telefónica, incluyendo una paga por quedarse y otra por marcharse, en 2007. Se les paga por cerrar una compra o por hacer bien una venta, por los buenos resultados del año y por los del trienio, por trabajar y por no trabajar (para la competencia). Es simplemente es-can-da-lo-so.
Pero no sólo las retribuciones de los responsables ejecutivos de las grandes empresas alcanzan esta polarización, sino que los beneficios empresariales han aumentado un 33,2% durante el periodo 1999-2006. Mientras, el desempleo ha aumentado, los salarios como porcentaje de la renta nacional han descendido (independientemente de la evolución del ciclo económico), las condiciones de trabajo se han deteriorado y los niveles de protección social (la tasa de crecimiento del gasto público por habitante) se han reducido (Navarro, 2008).
Por eso, hay que empezar a dejar de hablar de campañas de “pobreza 0” y organizar medidas y estrategias efectivas hacia la “riqueza 0”. Cualquier intento de “refundar el capitalismo” se hará bajo la misma lógica de enriquecimiento de una minoría. El capitalismo no es reformable, humanizable o regulable. Las medidas gubernamentales europeas y mundiales, con ayudas a la banca y a las grandes empresas, tienen como finalidad primordial impedir el colapso del sistema, no enfrentarse al dominio de los mercados financieros sobre la economía real y seguir poniendo ésta al servicio de la sociedad. De hecho, estas inyecciones financieras siguen permitiendo que la gran banca siga haciendo sus negocios de alto riesgo sabiendo que el dinero público estará siempre disponible para su salvación (Hernández Vigueras, 2009). Porque los gobiernos le tienen pánico a la posibilidad de que el derrumbe de un banco, por efecto dominó, sea capaz de hundir el sistema. De ahí que esos planes gubernamentales no han intentado siquiera una reglamentación estricta como contrapartida de la ayuda pública que se les da, ni la eliminación de los paraísos fiscales (a pesar de las declaraciones públicas), donde tienen filiales todos los bancos rescatados de alguna manera con dinero público. La existencia de esta “competencia” sirve de argumento para justificar la bajada de impuestos sobre el capital o sobre los beneficios de las sociedades. El peso de la fiscalidad se hace recaer en los impuestos indirectos, los más injustos al pagar todos lo mismo, trayendo como consecuencia la pauperización de los presupuestos públicos, la subfinanciación de los servicios públicos, que a su vez justifica su privatización, etc. (Cassen, 2008). Cualquier medida se ha convertido en un callejón sin salida en el marco del capitalismo neoliberal. Porque no sólo se está cuestinando la legitimidad del paradigma neoliberal, sino el propio futuro del capitalismo en sí mismo. Por ello, no se trata de refundar el capitalismo, sino de construir el socialismo democrático del siglo XXI que dé a la ciudadanía control real y efectivo sobre los recursos del planeta y sobre las decisiones que afectan a sus vidas.
No se trata sólo de afirmar que, lo que hace muy poco parecía una utopía de jóvenes radicales, hoy día es una exigencia elemental para que la economía mundial siga funcionando: acabar con los paraísos fiscales, con la desregulación financiera, con la libertad de movimientos de capital, con la desfiscalización y la renuncia al Estado y que, por el contrario, es necesario establecer impuestos sobre los capitales especulativos (tasa Tobin), crear bancos públicos que garanticen la financiación y someter a los privados a una severa política de reservas y coeficientes de inversión es el único punto de partida eficaz para resolver la crisis. Si realmente se quiere salir de esta crisis global es necesario dar un paso más allá. Se trata de avanzar en el control de la economía por parte de la clase trabajadora, ampliar los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras y mejorar el bienestar de la mayoría de la población.
La alternativa a esta crisis supone una teoría y una práctica postcapitalista, es decir, formas nuevas de reorganización social, sobre la base de un socialismo democrático del nuevo siglo, que articulen de forma seria los contenidos de conceptos tales como democracia, libertad, equidad, justicia, seguridad común, paz, ciudadanía real, etc., con el uso sostenible de los recursos naturales y su apropiación social; la predominancia del valor de uso -es decir, las respuestas a las necesidades de la gente- sobre el valor de cambio, -o sea, la necesidad de acumulación de dinero-, es decir, un modelo en el que el beneficio privado esté subordinado al interés social; la democracia generalizada a todas las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, de género; y la multiculturalidad, de modo que se permita a todas las culturas, saberes y filosofías dar su aporte propio a la reconstrucción social de una nueva sociedad en equilibrio entre sí, con el medio ambiente y con las capacidades del planeta.
Ese modelo debe suponer la mejora de los servicios sociales y el reforzamiento del sector público (de enseñanza, sanitario, asistencial etc.). La sostenibilidad medioambiental (incentivar la creación de actividades y empresas sostenibles, y no de todo tipo de empresas independientemente de su impacto). Un cambio de estrategia energética que apueste por energías limpias y garantice el control público sobre los suministros de energía, incluida la nacionalización y una apuesta decidida por las energías renovables. Un sistema agrario que garantice la soberanía alimentaria y la viabilidad de las empresas agrarias familiares. Un enfoque diferente del habitat, del urbanismo y del sistema de transportes de viajeros y mercancías, un cambio radical del enfoque de la vivienda residencial hasta llegar al predominio de la vivienda pública en régimen de alquiler adaptado a la renta. La creación de un sistema financiero público basado en las necesidades de la gente y la consolidación de formas populares y la consolidación de formas populares, que ya existe, de préstamos basados en la reciprocidad y la solidaridad que apliquen criterios sociales (incluyendo las condiciones laborales) y ambientales en todos los préstamos y den prioridad a los préstamos, con tipos de interés mínimos, para cubrir necesidades sociales y ambientales y para ampliar la ya creciente economía social; la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, el control público y social de la economía y los medios de producción; la intervención de los trabajadores en la organización del trabajo; aplicar rigurosos sistemas fiscales progresivos y un sistema tributario global para evitar la transferencia de precios y la evasión de impuestos; el control del excedente económico y una reforma del mercado laboral que establezca una jornada laboral de 35 horas semanales por ley, sin reducción de salario y la jubilación a los 60 años, para repartir el trabajo entre todos y todas y hacer posible la conciliación laboral y familiar.
Un modelo que suponga tal reestructuración social que obligue en los países enriquecidos a un decrecimiento económico que sea socialmente sostenible (frente a los modelos de desarrollo sostenible): reducción radical del consumo; sólo aquello que se considere necesario y producido según principios ecológicos (Martínez Aller, 2009). Eliminación del gasto militar mundial. Junto con el cambio en las relaciones internacionales de explotación, imponiendo impuestos en origen sobre la extracción de recursos naturales, para financiar modelos de sociedad ecológicamente sostenibles. Un modelo que relocalice la política: todo lo que se pueda decidir a nivel municipal que no se decida en niveles superiores y sólo aquello que afecte a todo el país se decida en ese nivel. Comenzando por la práctica de los presupuestos participativos en los municipios.
Un modelo que establezca legislaciones, y mecanismos de control efectivos que realmente garanticen la igualdad laboral, política e integral de las mujeres, así como la presencia equilibrada de sexos en las listas electorales y en los puestos directivos. A igual trabajo, igual salario. Que recuperación de la titularidad y de la gestión pública de todos los servicios públicos privatizados, especialmente aquellos que tienen que ver con los cuidados de la población dependiente. Un modelo que establezca iguales derechos y deberes para quienes viven y trabajan en cualquier país. Que garantice el derecho al aborto libre y garantizado de manera universal y gratuita desde la red pública sanitaria.
Un modelo que apueste por una vivienda provista preferentemente por el Estado en régimen de propiedad pública y bajo fórmulas de alquiler, cortando así de raíz espirales especulativas. Un modelo que asigne una “renta básica” incondicional a toda la ciudadanía y personas residentes en una zona geográfica, de una cantidad similar al umbral de la pobreza, de cara no sólo a erradicar la pobreza sino a tener una protección efectiva ante la pérdida del puesto de trabajo (Raventós, 2009). Un modelo que no sólo fije un salario mínimo decente donde no lo haya, sino también un salario máximo. Un modelo que erradique la eliminación de impuestos directos que favorece principalmente a las rentas altas, e introduzca una fiscalidad progresiva vía impuestos directos que graven de forma proporcional según los ingresos y beneficios (haciendo pagar más a quién más tiene) y la vuelta al impuesto sobre sucesiones.
Un modelo que elimine los paraísos fiscales, que ponga tasas a las transacciones financieras de capital y que restablezca las restricciones a la libre circulación de capitales. Un modelo, en definitiva, que contemple el reconocimiento de los derechos sociales básicos como derechos subjetivos y exigibles.
La democracia es incompatible con el capitalismo. El capital internacional, las grandes multinacionales y, por extensión, los gobiernos neoliberales, reaccionarios, y los socialdemócratas, siempre temerosos, han secuestrado la política, la capacidad libre de decidir sobre lo esencial a los ciudadanos y ciudadanas. Por eso esta crisis se ve acentuada, a su vez, por una crisis política de deslegitimación de la función de los Estados puestos al servicio del capital. Se cuestiona la función de los gobiernos, de partidos políticos y de la construcción de espacios y procesos democráticos reales, al estar dominados por su sometimiento a los grandes intereses corporativos. De ahí que también y simultáneamente es urgente y necesario refundar la democracia sobre unas bases sólidas y no fundamentada en el secuestro por parte del mundo de las finanzas.
Los que no nos resignamos a pagar con nuestras vidas las facturas de otros, creemos que la salida alternativa a la crisis capitalista pasa por la creación de un movimiento social capaz de imaginar y crear las bases de un auténtico Socialismo democrático del Siglo XXI que refunde la economía y la sociedad sobre bases más justas, más sociales, más igualitarias y más democráticas.
BIBLIOGRAFÍA
ALLER, Joan Martínez. (2009). Lenguajes de valoración. El Viejo Topo, 253, 95-103.
AMIN, Samir. (2008). Respuestas necesarias a la debacle financiera. Le Monde Diplomatique. Monográfico “Punto de Vista” nº 5, 71-74.
ARRIOLA, Joaquín. (2009). Crisis monetaria, crisis de acumulación. El Viejo Topo, 253, 87-93.
BOURDIEU, Pierre. (2008). La esencia del neoliberalismo. Le Monde Diplomatique. Monográfico “Punto de Vista” nº 5, 40-43.
CASSEN, Bernard. (2008). Los paraísos fiscales, muy útiles. Le Monde Diplomatique. Monográfico “Punto de Vista” nº 5, 45.
DÍEZ GUTIÉRREZ, Enrique Javier. (2007). La Globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación. Barcelona: El Roure.
GOMBEAUD, Jean-Louis y DECAILLOT, Maurice. (2009). El Regreso de la Gran Depresión. Mataró: El Viejo Topo.
HERNÁNDEZ VIGUERAS, Juan. (2009). Crisis financiera, rescates bancarios y paraísos fiscales. El Viejo Topo, 253, 53-58.
KATZ, Claudio. (2009). Codicia, regulación o capitalismo. El Viejo Topo, 253, 23-28.
LACALLE, Daniel. (2009). La crisis y los trabajadores. El Viejo Topo, 253, 117-119.
LATOUCHE, Serge. (2009). Decrecimiento y posdesarrollo. El pensamiento creativo contra la economía del absurdo. Mataró: El Viejo Topo.
NAVARRO, Vicenç. (2008). El deterioro de la Europa social. Le Monde Diplomatique. Monográfico “Punto de Vista” nº 5, 51-54.
PALERMO, Giulio. (2009). El mito del mercado global: Crítica de las teorías neoliberales. Mataró: El Viejo Topo.
RAMONET, Ignacio. (2008). Nuevo capitalismo. Le Monde Diplomatique. Monográfico “Punto de Vista” nº 5, 49.
RAVENTÓS, Daniel. (2009). Una renta básica en una economía deprimida. El Viejo Topo, 253, 111-115.
Entradas
Plenamente compartido el análisis de Enrique Javier. como no tengo donde dar mi opinión, envío la propuesta que considero más útil para abordar decididamente el tema:
ResponderEliminarEconomía, empleo y paro: construir la alternativa
15 de marzo de 2009
Cuando a finales de los años setenta un pujante movimiento obrero pone en cuestión el régimen político del país; cuando las grandes luchas obreras consiguen mejoras sustanciales en las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados, justo, en esos momentos, hoy, los analistas señalan el fin del ciclo dorado del capitalismo que se inicia con la reconstrucción de los países desbastados por la guerra mundial y el impulso democrático derivado de la derrota del fascismo que se concretan en mejoras sustanciales en las condiciones de vida de los trabajadores y las capas populares. Creciente inversión, creciente creación de empleo, creciente reducción de la jornada de trabajo, en definitiva, mejoras sustanciales en las condiciones de vida de los ciudadanos.
En los años setenta - ochenta, varios fenómenos determinantes hacen su aparición. De una parte la progresiva aplicación de las nuevas tecnologías en la producción inicia un proceso de sustitución de mano de obra por sistemas robotizados que reducen considerablemente el tiempo de trabajo necesario para producir concluyendo en un continuo adelgazamiento de la población ocupada en la industria que busca salida en el sector servicios. Por otra parte, el capitalismo da por concluido el ciclo keynesiano y se aplica denodadamente a imponer las recetas económicas emanadas de la escuela de Chicago , el capitalismo de Schok que tan magistralmente explica Naomy Kleyn, basadas en la desregulación total de la economía, en asumir el mercado como último y único moderador. El esquema del capitalismo pasa de una política económica basada en la demanda, es decir en la capacidad de compra a otra basada en la oferta, es decir en producir barato, que iniciará un nuevo ciclo empujando a la reducción de los costes salariales: menos trabajadores y peor pagados.
Se asiste también a partir de mediados de los años setenta a una progresiva implantación de las empresas multinacionales a las que sin rechistar se someten los gobiernos. Estas empresas completamente desvinculadas de la localidad, con los centros de decisión a miles de kms. imponen decididamente sus condiciones en los países donde se asientan y, con una descaro y frecuencia inusitada, chantajean a los gobiernos con la amenaza del empleo para meter la mano en la caja de los recursos públicos, a la par que canalizan la inversión hacia la implantación de nuevas tecnologías que hacen necesaria menos mano de obra.
La progresiva implantación de las nuevas tecnologías, a las que obliga la lógica del sistema, manteniendo los esquemas laborales propios de desarrollos tecnológicos menos evolucionados, se concreta en pérdida de trabajo global porque hace necesario menos tiempo de trabajo para obtener un producto lo que añadido al impacto de las políticas de oferta – producir barato- y de reducción directa de costes salariales supone un progresivo desplazamiento de la renta nacional de los estados hacia las arcas del capital y como consecuencia una disminución de las rentas del trabajo. Esta dinámica está en la base, es uno de los elementos centrales de la crisis que azota a las familias, a las personas. En efecto, el demencial reparto de los bienes generados con la producción supone llevar la mayor parte de los beneficios hacia un número cada vez más reducido de capitalistas que acaba finalmente estrangulando la economía.
La combinación de las políticas de oferta ayudadas por las nuevas tecnologías pone en el mercado cada vez un mayor número de bienes que como consecuencia de la contracción de las rentas salariales solo encuentran salida mediante el recurso al crédito, es decir, al endeudamiento de las familias.
Todo este proceso que se desarrolla a ojos vistos, perceptible para cualquier observador normal, no necesariamente especializado, no solo sin freno sino que frecuentemente es espoleado por los gobiernos, por todos los gobiernos y de todos los “colores” si es que, como mínimo en este importantísimo asunto, hay diferentes colores en los gobiernos.
Este lamentable estado de los asuntos, que tiene sumido en el paro a mas de tres millones de españoles, y creciendo, que tiene en el paro a muchos más millones de ciudadanos europeos y creciendo, que tiene a más de mil millones de personas en el mundo condenadas al hambre y creciendo, se nos presenta como una fatalidad derivada de una borrachera crediticia de cuatro mangantes y, sin escondernos, porque no pueden esconder, que la situación es grave se aprestan a “tomar medidas” para volver a una situación de normalidad. Tal vez, y digo tal vez para quitar hierro al tema, estemos entrando en tiempo de barbarie, una advertencia de largamente hecha por parte de grupos y personas orillados por el sistema, insisto, por los gobiernos de todos los colores
Ante este panorama, desolador, ante la ausencia de alternativas orientadas a superar este lamentable estado de las cosas, los ciudadanos, los trabajadores y trabajadoras, la amplísima capa de población sometida, y afectada, debemos reaccionar, ponernos a pensar, renunciar a la comodidad de dejar que otros piensen por nosotros porque generalmente piensan contra nosotros, actuar, denunciar, resistir, organizar, proponer. Proponer alternativas que ya están empezando a cobrar fuerza y a las que el sistema, a través de sus medios de comunicación, antes de que crezcan, se está aprestando a combatir. Pero además tenemos que pensar en grande, huyendo del corsé socialdemócrata con que nos han venido metiendo en el redil y que hoy se muestra como un lastre, como un instrumento para someter y callar a las personas, como la negación de la posibilidad de superación. Tenemos que pensar en términos nuevos aunque de larga data. Se trata simple y llanamente de asumir que la economía ha de estar, como la tecnología, al servicio de las personas.
Se hace necesario que la izquierda que realmente apuesta por la transformación social (considero que el PCE está en esa vía) tenga el coraje de poner en el centro de su programa un elenco de medidas orientadas en el medio y largo plazo, capaces de generar una dinámica de concurrencia en la que confluyan todas aquellas opciones, sin excepción, con voluntad de transformación social. Para ello se hace necesario la configuración de un debate abierto, crítico, sin condiciones previas, por supuesto sin descalificaciones, en el que participen libremente todas las organizaciones de izquierda transformadora, en una voluntad inequívoca de concurrencia local, como afluente de un río que tiene voluntad de confluir con organizaciones similares, que las hay o se han de crear, en el marco europeo. se trata de impulsar un proyecto en torno a los siguientes puntos básicos:
1. Asumido que la contracción de las rentas salariales están en el origen del problema se impone reequilibrio. Por lo tanto, una mejora de los salarios que en el plazo de cinco años recupere todo lo que a los trabajadores – en el más amplio sentido del término - se nos ha estado robando en los últimos 30.
2. Una reducción drástica el tiempo de trabajo. Dado que las nuevas tecnologías –trabajo acumulado- requieren de menos tiempo de trabajo para hacer un producto, exigimos una reducción del 20% de la jornada de trabajo, una reducción similar al volumen de desempleo al que la voracidad del capitalismo, la colaboración de los gobiernos y la inanición de la izquierda nos aboca. Esta reducción será constantemente adecuada a la evolución de la tecnología, lo que quiere decir que su progresividad está dentro de lo normal. El futuro ha de ser de menos horas de trabajo para mantener buenos estándares de vida. Un horizonte de 20 horas de trabajo semanales no debería situarse en el largo plazo
3. La nacionalización de los sectores estratégicos de la economía:
o Banca. Una banca pública, eficientemente gestionada enfocada al servicio de la ciudadanía
o Sector energético. El Estado ha de ser el garante de la seguridad y eficacia de la energía que mueve la producción y es hoy imprescindible para las familias.
o Sanidad. No se puede hacer negocio con la salud. La salud es un derecho del ciudadano que no debe estar en manos privadas. Fortalecimiento de la sanidad pública
o Enseñanza. La formación, la elevación constante del nivel cultural de las y los ciudadanas/os hacen necesaria una enseñanza pública de calidad, es una inversión de futuro. Sus réditos han de estar al servicio de la sociedad.
o Recuperación para la titularidad pública de todos los sectores estúpidamente privatizados en los últimos 25 o 30 años.
4. Impulsar a escala Europea la unificación y/o coordinación de fuerzas, que las hay, cuyas propuestas sean similares. Las condiciones actuales, presumiblemente duraderas, son comunes, con los matices locales que se quiera en todos los países europeos y en América. A condiciones iguales o semejantes, alternativas parecidas. Hoy, los trabajadores, los ciudadanos de todo el continente, sumidos en una crisis cuya salida dentro del sistema es más que cuestionable, están objetivamente interesados en soluciones similares a las que exponemos. También se dispone de los medios, solo hace falta la voluntad política de ponerlos en marcha.
5. Impulsar un gran mercado allá donde pueda haber un mínimo común UE/EE.UU/AMERICA DEL SUR, en el que se enmarcaría la actividad económica, cultural y social. Perdería aquí peso el argumento de la competencia. Todos los países se regirían por los mismos parámetros.
6. Elevados aranceles para todos los productos provenientes de países que exploten a sus trabajadores y conculquen sus derechos de ciudadanía.
7. Organización autónoma, al margen de los sindicatos, de los parados en una organización orientada a la defensa específica de sus intereses y necesidades.
8. Apoyo a los movimientos emergentes de América Latina, y a los países que lideran ese proceso (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba ¡como no!, Paraguay) empeñados en la tarea de recuperación de sus materias primas expoliadas por el capitalismo internacional y que hoy empiezan a estar al servicio de las naciones y a destinar la riqueza del país al beneficio y disfrute de sus ciudadanos
9. impulsar el desarrollo de una cultura de base, formativa, crítica, anclada en los problemas y necesidades de los ciudadanos, con voluntad de construir tejido social, vigilante con “los perpetuos”, radicalmente democrática.
10. vigilancia rigurosa de los cargos institucionales emanados de las organizaciones de base. Los cargos han de estar, siempre, a disposición de la asamblea de base. Los pactos se harán solo en situaciones de extrema necesidad, deberán debatirse a todos los niveles y, en última instancia, será la asamblea de base la que decidirá si es o no oportuno pactar.
Todo esto, que es urgente, debe abordarse con elevados niveles de organización, con organizaciones radicalmente democráticas que lleven en su seno el germen de la confluencia con fuerzas similares hasta la configuración de un gran frente que se difunda entre la inmensa masa de ciudadanos. Esa tarea, que es urgente es la que tenemos que poner en marcha la inmensa mayoría de la ciudadanía. A esa tarea debe convocar la izquierda. No seamos perezosos. Adelante. La inmensa mayoría de los ciudadanos, aunque de momento no lo sepan, espera algo así. Adelante.
Roiba
Sabadell 15/03/09
La alternativa a la crisis no puede plantearse únicamente con medidas monetaristas, en base a la circulación de dinero, aunque éste se destine a "los de abajo" (subida del SMI, que por cierto a ver si nos aclaramos si pedimos 1000 o 1100 euros, recaudación para la contratación de trabajadores no se sabe para qué y llamada erróneamente "creación de empleos"). Hay que plantear una alternativa para un desarrollo sostenible basada en dos pilares:
ResponderEliminar1) Desarrollo de un sector público no únicamente financiero y de servicios, que abarque a todos los sectores estratégicos como la energía y las comunicaciones. La consigna de nacionalizaciones (también de la banca) debe pasar a primer plano. Tiene gracia que ahora que desde la prensa burguesa se habla de la inevitabilidad de las nacionalizaciones nosotros nos quedemos cortos...
2) Impulso a la Investigación científica, el Desarrollo tecnológico y la innovación en el trabajo, para hacer viable un desarrollo cualitivativo, que es el único sostenible, centrado en el trabajo humano y no en el capital.
Se trata, en definitiva, de plantear una salida no capitalista a la crisis.
En vez de esto, el panfleto que se nos propone para la movilización del 28 se limita a medidas cortoplacistas y monetaristas que no cuestionan la lógica del sistema capitalista, con "perlas" como la "paralización del Plan Bolonia" en el marco de la "Defensa de los servicios públicos", una muestra de la inopia desde la que está redactado el texto. Describir el Proceso de Bolonia (su nombre correcto) como una amenaza para los servicios públicos no tiene sentido. Ciertamente, debemos rechazar su principio de "competitividad" (aunque ésta no es "mercantil", sino que pretende atraer a los mejores estudiantes) propugnando en su lugar la cooperación, y rechazar también las derivas mercantilistas (que no están en las declaraciones del Proceso, sino en actuaciones gubernamentales), pero debemos apoyar la renovación pedagógica (necesaria para impulsar el I+D+i imprescindible para un desarrollo sostenible) y la llamada dimensión social del proceso de Bolonia, definida como que todo estudiante pueda completar sus estudios sin obstáculos derivados de su origen socioeconómico. Ciertamente, podemos pedir la paralización de la reforma forzosa de los planes de estudio pero para posibilitar un debate amplio y sereno sobre la misma, dado que sin el compromiso activo de estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios no son posibles los cambios necesarios en la Universidad.