Publicamos el artículo elaborado por el sociólogo Daniel Lacalle para la revista "Noticias obreras", que trata sobre la economía sumergida y su papel en la crisis.
“Hablar de la economía sumergida es referirse a uno de los sectores más débiles y empobrecidos del mundo del trabajo, Pero también a una situación que afecta de forma muy negativa al conjunto del mundo obrero”. “La economía sumergida “goza de buena salud” porque encaja perfectamente en ese dominio social de la lógica del mercado (lo mismo ocurre con otras formas de precarización y degradación del trabajo)”. Comisión Permanente de la HOAC, “Trabajadoras y trabajadores de la economía sumergida” (HOAC, Madrid, 2001).
En una entrevista televisiva el Secretario General de CCOO exponía sus temores de que el impulso dado a la contratación a tiempo parcial, inicialmente planteado por las organizaciones empresariales y plenamente asumido por el gobierno entre sus intentos, hasta ahora sin éxito, de paliar el imparable incremento del paro, no serviría a ese objetivo, ni desde luego contribuiría a distribuir el trabajo, algo en las antípodas del horizonte de los empresarios españoles (1), sino que tendría, de hecho está teniendo, como efecto primordial la ampliación de la economía sumergida; esto estaría ocurriendo a través del ofrecimiento de contratos con jornada parcial pero con el compromiso por parte del trabajador de la jornada completa, como mínimo, con la diferencia no cubierta contractualmente pagada en “negro”, en claro fraude de ley.
La economía sumergida en nuestro país se concentra de forma permanente en una serie de nichos, tanto productivos como geográficos. Entre los primeros destacan los servicios a las personas, y muy especialmente el servicio doméstico, el trabajo a domicilio, tanto en medios rurales como urbanos (el “putting out system” de la protoindustrialización), las industria del calzado, textil, juguetes, la agricultura intensiva (principalmente la llamada “del plástico”), la construcción, el transporte por carretera, el teletrabajo, los servicios a las empresas, sean de baja o nula cualificación (limpieza, seguridad y otras) como de muy alta cualificación (asesorías, consultoras, traducciones y similares), el pequeño comercio y el comercio callejero y ambulante.
En cuanto a la distribución geográfica, algunas actividades se extienden por todo el territorio nacional (el servicio doméstico, la construcción, el transporte, los servicios a las empresas y a las personas) mientras que otras se concentran en determinadas Autonomías, provincias, comarcas, destacando la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, determinadas provincias andaluzas, Canarias, por dar algunos ejemplos. Es de destacar que la concentración geográfica y en determinadas ramas productivas se mantiene a lo largo del tiempo, es decir, en cada época en que el interés por la economía sumergida reaparece, épocas en que se multiplican los análisis y debates sobre la misma, aunque nunca llegue a convertirse en cuestión mediática, surgen una y otra vez las mismas regiones y comarcas, las mismas ramas productivas.
El colectivo de trabajadores más proclives a caer dentro de la economía sumergida es el de los inmigrantes económicos, particularmente a partir de su explosión dentro de la población activa a mediados de los 1990; entre ellos destacan los llamados ilegales o “sin papeles” que oscilan desde hace más de 10 años entre medio y un millón de personas y para los cuales el trabajo irregular es la única salida. A su vez existe una elevada incidencia entre las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años expulsados del trabajo regular.
La correlación entre trabajo sumergido, paro y, más en general, precariedad laboral es universalmente reconocida, asimismo lo es la que se da entre la irregularidad y las fases bajas del ciclo económico, y más agudamente en las crisis y recesiones; de hecho, el trabajo sumergido es el trabajo precario llevado a su máxima expresión.
El peso real de la economía sumergida en la actividad productiva y en el mercado laboral, dadas sus peculiaridades (estar fuera de todo tipo de estadística, control y regulación oficial) es imposible de medir, se parte siempre de estimaciones y medidas indirectas más o menos fiables y más o menos discutibles y discutidas. En España, desde mediados de los 1980 al menos, se mantiene entre el 10% y el 25% de la economía regular en las diferentes estimaciones, y sistemáticamente está situada por encima de todos los países de la UE-15. En la actualidad, principios del 2009, está cifrada en el 23% del PIB y unos 10 puntos por encima de los países europeos de nuestro entorno; esto puede suponer un 20% de la PA, aunque desde luego una parte de esos activos combinan trabajo regular e irregular, o bien por propia elección para incrementar unos ingresos claramente insuficientes, o bien por imposición, y en interés, de los empresarios; es decir, en términos de equivalentes de empleo, la economía sumergida estaría compuesta por entre 4-4’5 millones de puestos de trabajo, en su inmensa mayoría fuertemente degradados (2).
El interés de autoridades públicas y analistas por la economía sumergida (3), por ese 15-25% del PIB, va por rachas y suele estar muy influido por cuestiones estrictamente funcionales, de manera muy especial por la evolución del paro y los intentos por mejorar la recaudación y evitar o disminuir el fraude fiscal. Este interés se muestra como un Guadiana, que aparece y desaparece (finales de los 80, mediados de los 90, comienzos del siglo XXI, ahora, con la crisis económica) y ello a pesar de que, como ya se ha indicado, aparezca o no aparezca en los medios de comunicación, se estudie o se ignore, la economía sumergida existe, posee una magnitud sustancial y se autoperpetúa (4). Además va surgiendo en sectores y ramas de vanguardia, ligados a las nuevas tecnologías (teletrabajo, servicios avanzados a las empresas y a las personas).
Como se ha dicho, la economía sumergida existe, se autoperpetúa y en momentos de crisis económica como el actual se incrementa. Pero ¿a quién beneficia?
Para los gobiernos de cualquier tipo supone una sangría en evasión fiscal, además de una muestra de su incapacidad e inoperancia, o desgana. Por otro lado es una muestra de su doblez, dada su tendencia a criminalizar al trabajador que se ve empujado a la misma y su insistencia en que es una forma de que el paro registrado y estadístico aparezca magnificado.
Para el conjunto de ciudadanos, independientemente de la corruptela que pueda suponer el impago del IVA o la existencia de pluriempleo parcialmente no declarado, o trabajar cobrando subsidio, que sería lo mismo, supone, vía falta de presupuestos o recortes en servicios sociales debido al fraude fiscal, la pérdida, en cantidad y calidad, de bienestar social y la pérdida de inversiones productivas o de soporte a la producción (infraestructuras, etc.). Un 25% del PIB no es ninguna bagatela.
Para los trabajadores supone bajos salarios, jornadas exhaustivas, total indefensión en el trabajo, condiciones de superexplotación, ausencia de todo tipo de derechos sociales y laborales. Supone la precariedad absoluta, el bordear o estar de lleno en la pobreza y exclusión social.
Para los empresarios supone flexibilidad absoluta del mercado de trabajo, menores costes laborales, control absoluto de todo el proceso de trabajo, sin ninguna regulación, ausencia de presión fiscal, ausencia de cotizaciones y tasas. Es decir, el programa de la CEOE llevado a sus últimas consecuencias.
NOTAS.
(*) En este breve comentario se utiliza el término de economía sumergida para cubrir el conjunto de actividades productivas no declaradas, y por lo tanto no recogidas en las estadísticas oficiales, que se denomina economía irregular, no declarada. No se tienen en cuenta las actividades ilegales y delictivas, tales como trata de blancas, prostitución, narcotráfico, otras actividades criminales.
1.- Hace unos 9-10 años, durante el lanzamiento de la propuesta de jornada de 35 horas, me tocó ir en representación de IU a un debate sobre alternativas económicas con una asociación de empresarios, descubriendo su total desinterés por cualquier medida que no fuera rebajar los impuestos y cotizaciones e incrementar las ayudas y subvenciones.
2.- Esto no quiere decir que sin la economía sumergida emergiese se acabaría el paro; la economía y el trabajo sumergidos se suman a la economía y el trabajo regular, no le sustituyen.
3.- Ese interés se concentra en las instituciones políticas oficiales, básicamente a través de los Consejos Económicos y Sociales, los sindicatos de clase y las instituciones y organizaciones de base de tipo religioso (Cáritas, HOAC), estas últimas, las que menor interés funcional y mayor interés de servicio demuestran.
4.- Con la economía sumergida ocurre algo similar que con los accidentes laborales. Son dos hechos incómodos, de singular magnitud e imposibles de eliminar o reducir a mínimos aceptables con el actual sistema de regulación del sistema de relaciones laborales y de organización de la producción y del trabajo.
“Hablar de la economía sumergida es referirse a uno de los sectores más débiles y empobrecidos del mundo del trabajo, Pero también a una situación que afecta de forma muy negativa al conjunto del mundo obrero”. “La economía sumergida “goza de buena salud” porque encaja perfectamente en ese dominio social de la lógica del mercado (lo mismo ocurre con otras formas de precarización y degradación del trabajo)”. Comisión Permanente de la HOAC, “Trabajadoras y trabajadores de la economía sumergida” (HOAC, Madrid, 2001).
En una entrevista televisiva el Secretario General de CCOO exponía sus temores de que el impulso dado a la contratación a tiempo parcial, inicialmente planteado por las organizaciones empresariales y plenamente asumido por el gobierno entre sus intentos, hasta ahora sin éxito, de paliar el imparable incremento del paro, no serviría a ese objetivo, ni desde luego contribuiría a distribuir el trabajo, algo en las antípodas del horizonte de los empresarios españoles (1), sino que tendría, de hecho está teniendo, como efecto primordial la ampliación de la economía sumergida; esto estaría ocurriendo a través del ofrecimiento de contratos con jornada parcial pero con el compromiso por parte del trabajador de la jornada completa, como mínimo, con la diferencia no cubierta contractualmente pagada en “negro”, en claro fraude de ley.
La economía sumergida en nuestro país se concentra de forma permanente en una serie de nichos, tanto productivos como geográficos. Entre los primeros destacan los servicios a las personas, y muy especialmente el servicio doméstico, el trabajo a domicilio, tanto en medios rurales como urbanos (el “putting out system” de la protoindustrialización), las industria del calzado, textil, juguetes, la agricultura intensiva (principalmente la llamada “del plástico”), la construcción, el transporte por carretera, el teletrabajo, los servicios a las empresas, sean de baja o nula cualificación (limpieza, seguridad y otras) como de muy alta cualificación (asesorías, consultoras, traducciones y similares), el pequeño comercio y el comercio callejero y ambulante.
En cuanto a la distribución geográfica, algunas actividades se extienden por todo el territorio nacional (el servicio doméstico, la construcción, el transporte, los servicios a las empresas y a las personas) mientras que otras se concentran en determinadas Autonomías, provincias, comarcas, destacando la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, determinadas provincias andaluzas, Canarias, por dar algunos ejemplos. Es de destacar que la concentración geográfica y en determinadas ramas productivas se mantiene a lo largo del tiempo, es decir, en cada época en que el interés por la economía sumergida reaparece, épocas en que se multiplican los análisis y debates sobre la misma, aunque nunca llegue a convertirse en cuestión mediática, surgen una y otra vez las mismas regiones y comarcas, las mismas ramas productivas.
El colectivo de trabajadores más proclives a caer dentro de la economía sumergida es el de los inmigrantes económicos, particularmente a partir de su explosión dentro de la población activa a mediados de los 1990; entre ellos destacan los llamados ilegales o “sin papeles” que oscilan desde hace más de 10 años entre medio y un millón de personas y para los cuales el trabajo irregular es la única salida. A su vez existe una elevada incidencia entre las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años expulsados del trabajo regular.
La correlación entre trabajo sumergido, paro y, más en general, precariedad laboral es universalmente reconocida, asimismo lo es la que se da entre la irregularidad y las fases bajas del ciclo económico, y más agudamente en las crisis y recesiones; de hecho, el trabajo sumergido es el trabajo precario llevado a su máxima expresión.
El peso real de la economía sumergida en la actividad productiva y en el mercado laboral, dadas sus peculiaridades (estar fuera de todo tipo de estadística, control y regulación oficial) es imposible de medir, se parte siempre de estimaciones y medidas indirectas más o menos fiables y más o menos discutibles y discutidas. En España, desde mediados de los 1980 al menos, se mantiene entre el 10% y el 25% de la economía regular en las diferentes estimaciones, y sistemáticamente está situada por encima de todos los países de la UE-15. En la actualidad, principios del 2009, está cifrada en el 23% del PIB y unos 10 puntos por encima de los países europeos de nuestro entorno; esto puede suponer un 20% de la PA, aunque desde luego una parte de esos activos combinan trabajo regular e irregular, o bien por propia elección para incrementar unos ingresos claramente insuficientes, o bien por imposición, y en interés, de los empresarios; es decir, en términos de equivalentes de empleo, la economía sumergida estaría compuesta por entre 4-4’5 millones de puestos de trabajo, en su inmensa mayoría fuertemente degradados (2).
El interés de autoridades públicas y analistas por la economía sumergida (3), por ese 15-25% del PIB, va por rachas y suele estar muy influido por cuestiones estrictamente funcionales, de manera muy especial por la evolución del paro y los intentos por mejorar la recaudación y evitar o disminuir el fraude fiscal. Este interés se muestra como un Guadiana, que aparece y desaparece (finales de los 80, mediados de los 90, comienzos del siglo XXI, ahora, con la crisis económica) y ello a pesar de que, como ya se ha indicado, aparezca o no aparezca en los medios de comunicación, se estudie o se ignore, la economía sumergida existe, posee una magnitud sustancial y se autoperpetúa (4). Además va surgiendo en sectores y ramas de vanguardia, ligados a las nuevas tecnologías (teletrabajo, servicios avanzados a las empresas y a las personas).
Como se ha dicho, la economía sumergida existe, se autoperpetúa y en momentos de crisis económica como el actual se incrementa. Pero ¿a quién beneficia?
Para los gobiernos de cualquier tipo supone una sangría en evasión fiscal, además de una muestra de su incapacidad e inoperancia, o desgana. Por otro lado es una muestra de su doblez, dada su tendencia a criminalizar al trabajador que se ve empujado a la misma y su insistencia en que es una forma de que el paro registrado y estadístico aparezca magnificado.
Para el conjunto de ciudadanos, independientemente de la corruptela que pueda suponer el impago del IVA o la existencia de pluriempleo parcialmente no declarado, o trabajar cobrando subsidio, que sería lo mismo, supone, vía falta de presupuestos o recortes en servicios sociales debido al fraude fiscal, la pérdida, en cantidad y calidad, de bienestar social y la pérdida de inversiones productivas o de soporte a la producción (infraestructuras, etc.). Un 25% del PIB no es ninguna bagatela.
Para los trabajadores supone bajos salarios, jornadas exhaustivas, total indefensión en el trabajo, condiciones de superexplotación, ausencia de todo tipo de derechos sociales y laborales. Supone la precariedad absoluta, el bordear o estar de lleno en la pobreza y exclusión social.
Para los empresarios supone flexibilidad absoluta del mercado de trabajo, menores costes laborales, control absoluto de todo el proceso de trabajo, sin ninguna regulación, ausencia de presión fiscal, ausencia de cotizaciones y tasas. Es decir, el programa de la CEOE llevado a sus últimas consecuencias.
NOTAS.
(*) En este breve comentario se utiliza el término de economía sumergida para cubrir el conjunto de actividades productivas no declaradas, y por lo tanto no recogidas en las estadísticas oficiales, que se denomina economía irregular, no declarada. No se tienen en cuenta las actividades ilegales y delictivas, tales como trata de blancas, prostitución, narcotráfico, otras actividades criminales.
1.- Hace unos 9-10 años, durante el lanzamiento de la propuesta de jornada de 35 horas, me tocó ir en representación de IU a un debate sobre alternativas económicas con una asociación de empresarios, descubriendo su total desinterés por cualquier medida que no fuera rebajar los impuestos y cotizaciones e incrementar las ayudas y subvenciones.
2.- Esto no quiere decir que sin la economía sumergida emergiese se acabaría el paro; la economía y el trabajo sumergidos se suman a la economía y el trabajo regular, no le sustituyen.
3.- Ese interés se concentra en las instituciones políticas oficiales, básicamente a través de los Consejos Económicos y Sociales, los sindicatos de clase y las instituciones y organizaciones de base de tipo religioso (Cáritas, HOAC), estas últimas, las que menor interés funcional y mayor interés de servicio demuestran.
4.- Con la economía sumergida ocurre algo similar que con los accidentes laborales. Son dos hechos incómodos, de singular magnitud e imposibles de eliminar o reducir a mínimos aceptables con el actual sistema de regulación del sistema de relaciones laborales y de organización de la producción y del trabajo.
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