El proyecto, es coordinado por el Banco de España, ámbito del que provienen las propuestas más ultra-liberales en materia económica.
La propuesta que ya ha sido enviada al PP, prevé una reducción de la presencia política en los consejos y la apertura al capital privado en las Cajas de Ahorro.
Según las noticias aparecidas hoy en varios medios de comunicación, el Gobierno ha trasladado al Partido Popular un proyecto de reforma de la Ley de Cajas, en el que ha colaborado intensamente el Banco de España. En opinión del Partido Comunista de España (PCE), la iniciativa se basa en disminuir la influencia que los Gobiernos autonómicos ejercen sobre esas entidades y abrir la puerta a la entrada del capital privado.
El borrador para la reestructuración del sector financiero propone que las cuotas participativas que las cajas ya pueden emitir lleven aparejados derechos políticos; es decir, que sean equivalentes a las acciones que emiten los bancos, lo que abriría la puerta a la entrada de capital privado en las cajas de ahorros, por ejemplo, el de otros bancos. El pasado mes de marzo el Congreso instó al Gobierno a elaborar una 'hoja de ruta' para la reordenación del sistema financiero. El proceso se aceleró tras la intervención de Caja Castilla la Mancha por parte del Banco de España, organismo que ha participado activamente en la redacción de este borrador.
Para el PCE, el Gobierno pretende canalizar el ahorro de las familias asalariadas y de la pequeña y media empresa local, cuyo destino principal son las Cajas de Ahorro, y dirigirlo al sector financiero privado, con la intención de sanear la deuda contraída en el exterior por parte de la banca privada española. Con ello se da continuidad a la política de apoyo del Gobierno de Rodríguez Zapatero al sector financiero privado, que ya ha costado 150 mil millones € del dinero público, recursos que no han llegado a la población en forma de crédito.
La privatización de las Cajas de Ahorro suponen una profundización en la salida conservadora a la crisis diseñada por parte del Gobierno central, y que requiere la llegada de acuerdos con el Partido Popular, tal y como quedó patente en la reunión mantenida por el Ministro José Blanco y la Presidenta Regional Esperanza Aguirre.
Frente a la apuesta por el fortalecimiento del sector financiero privado, el PCE defiende la necesidad de una banca pública, por medio de la defensa y profundización del carácter público de las Cajas de Ahorro, el incremento del peso del ICO en la canalización del crédito, la recuperación de las fichas mercantiles del Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola y el Banco de Crédito Hipotecario; y la recuperación para el Estado de la Caja Postal. Con ello se pretende el control público de la canalización del crédito necesario para el cambio de modelo productivo dirigido y el logro del objetivo social del pleno empleo.
La propuesta que ya ha sido enviada al PP, prevé una reducción de la presencia política en los consejos y la apertura al capital privado en las Cajas de Ahorro.
Según las noticias aparecidas hoy en varios medios de comunicación, el Gobierno ha trasladado al Partido Popular un proyecto de reforma de la Ley de Cajas, en el que ha colaborado intensamente el Banco de España. En opinión del Partido Comunista de España (PCE), la iniciativa se basa en disminuir la influencia que los Gobiernos autonómicos ejercen sobre esas entidades y abrir la puerta a la entrada del capital privado.
El borrador para la reestructuración del sector financiero propone que las cuotas participativas que las cajas ya pueden emitir lleven aparejados derechos políticos; es decir, que sean equivalentes a las acciones que emiten los bancos, lo que abriría la puerta a la entrada de capital privado en las cajas de ahorros, por ejemplo, el de otros bancos. El pasado mes de marzo el Congreso instó al Gobierno a elaborar una 'hoja de ruta' para la reordenación del sistema financiero. El proceso se aceleró tras la intervención de Caja Castilla la Mancha por parte del Banco de España, organismo que ha participado activamente en la redacción de este borrador.
Para el PCE, el Gobierno pretende canalizar el ahorro de las familias asalariadas y de la pequeña y media empresa local, cuyo destino principal son las Cajas de Ahorro, y dirigirlo al sector financiero privado, con la intención de sanear la deuda contraída en el exterior por parte de la banca privada española. Con ello se da continuidad a la política de apoyo del Gobierno de Rodríguez Zapatero al sector financiero privado, que ya ha costado 150 mil millones € del dinero público, recursos que no han llegado a la población en forma de crédito.
La privatización de las Cajas de Ahorro suponen una profundización en la salida conservadora a la crisis diseñada por parte del Gobierno central, y que requiere la llegada de acuerdos con el Partido Popular, tal y como quedó patente en la reunión mantenida por el Ministro José Blanco y la Presidenta Regional Esperanza Aguirre.
Frente a la apuesta por el fortalecimiento del sector financiero privado, el PCE defiende la necesidad de una banca pública, por medio de la defensa y profundización del carácter público de las Cajas de Ahorro, el incremento del peso del ICO en la canalización del crédito, la recuperación de las fichas mercantiles del Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola y el Banco de Crédito Hipotecario; y la recuperación para el Estado de la Caja Postal. Con ello se pretende el control público de la canalización del crédito necesario para el cambio de modelo productivo dirigido y el logro del objetivo social del pleno empleo.
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