El PCE-Salamanca denuncia que la patronal salmantina pretende que le salga más barato incumplir la ley.

El Partido Comunista de Salamanca (PCE) manifiesta su más rotunda oposición a la propuesta formulada por la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salamantinos (Confaes) de reducir las indemnizaciones que deben hacer frente los empresarios ante los despidos improcedentes como una propuesta para paliar la destrucción del empleo consecuencia de la crisis económica.

Para el Partido Comunista de Salamanca (PCE), con esta propuesta, lo que pretenden los empresarios salmantinos es lograr que les salga mas barato incumplir la ley y aprovechar la crisis económica para deshacerse de los trabajadores con contratos de trabajo indefinidos.

Hay que recordar que un despido improcedente es aquel que el empresario realiza ilegalmente, es decir, sin causa legal que lo justifique y por esta razón la legislación española contempla que se debe pagar una indemnización de 45 o de 33 días de salario por año trabajado. Por ello optar, porque la legislación reduzca las indemnizaciones ante este tipo de despidos, es apostar por facilitar que los empresarios incumplan la ley y habilitarles para que se deshagan de los trabajadores con mejores condiciones laborales.

En cambio desde el Partido Comunista de Salamanca (PCE), consideramos que precisamente inmersos en una gravísima crisis económica que está destruyendo empleo a una enorme velocidad es cuando hay que adoptar medidas de protección de los puestos de trabajo a través de medidas como, entre otras, ampliar las indemnizaciones establecidas ante los despidos ilegales o improcedentes, como un mecanismo para que la patronal no aproveche la difícil situación económica para prescindir de los trabajadores con mejores condiciones laborales. Para el PCE-Salamanca el objetivo debe ser evitar que a los empresarios les salga más rentable económicamente despedir a los trabajadores que mantenerles en su puesto de trabajo.

Por otro lado, el Partido Comunista de Salamanca (PCE) tampoco puede compartir la propuesta de Confaes de limitar la necesidad del control de la administración en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ante el cierre de empresas o reducción de su capacidad productiva. Consideramos que la línea debe ser la inversa. En la situación económica actual deben ser mayores los controles de la administración de que se cumplen los requisitos legales para despedir a los trabajadores por causas económicas u organizativas, con el fin de proteger los puestos de trabajo existentes.

Partido Comunista de Salamanca (PCE)
Grupo de Trabajo de Empleo