Desde el PSUC viu mostramos nuestro rechazo a la propuesta del gobierno central de ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años de edad. La medida, aprobada por el consejo de ministros el 29 de enero, será debatida en el congreso en el seno de la comisión del pacto de Toledo, acuerdo firmado en 1995 y renovado en 2002, con el planteamiento de hacer más contributivo y sostenible el sistema público de pensiones, asegurando así su futuro y viabilidad. Sin embargo, el gobierno central se equivoca, deliberadamente o no, cuando cuestiona el futuro de las pensiones y propicia un estado de alarma entre la población española a fin de legitimar una propuesta profundamente retrograda e innecesaria.
El retraso del acceso a la jubilación es una medida innecesaria cuando resulta que la Seguridad Social registró en 2009 un superávit de 8.502 millones de euros, el equivalente al 0,8% del PIB. Es una medida innecesaria si tenemos en cuenta que ya existe un sistema de pensiones flexible que permite al mismo tiempo jubilaciones anticipadas con penalizaciones en la pensión y la posibilidad de permanecer en el
mercado laboral más allá de los 65 años, con una ligera bonificación en la pensión.
En este sentido, el sistema está compensado. Asimismo, es una medida retrograda, una más del gobierno del PSOE en materia laboral, porque carga sobre la clase trabajadora el incremento de los ingresos a la Seguridad Social mientras el pasado mes de julio el mismo gobierno planteó una reducción de las cuotas empresariales del 2%. No olvidemos que en la reforma de 2006 ya se acordó la reducción de las cotizaciones empresariales al desempleo y al FOGASA, y que en materia de pensiones se aprobó la ampliación del periodo de cotización necesario para generar una pensión, pasando de 13 años reales a 15 años efectivos al no computarse la cotización de las pagas extraordinarias.
Por otra parte, la propuesta del gobierno del PSOE no sólo alarga la edad de jubilación a los 67 años sino que prevé ampliar el periodo de cotización de la pensión hasta los 20 años, lo que supondría una reducción de la cuantía media de las pensiones del 4%. Por ello, es una falacia justificar la propuesta de alargar la edad de jubilación porque se haya incrementado la esperanza de vida de la población española en cuatro años. En consecuencia, el gobierno central pretende que trabajemos más años y luego cobremos menos cuando accedamos a nuestra pensión. Pero mientras el gobierno castiga las pensiones de las rentas más bajas y endurece los requisitos de acceso, por otro lado, sigue financiando los planes
de pensiones privados de las rentas más altas. No en vano, la propia propuesta del gobierno abre al mercado privado el sistema de pensiones reforzando el papel de la previsión social complementaria. La privatización de las pensiones y de la protección social no deja de ser una de las aspiraciones de la
patronal y del discurso neoliberal, con el objetivo de aproximarse a un modelo dual, basado en una Seguridad Social pública débil y de carácter meramente asistencial, y una protección social complementaria de iniciativa privada.
En definitiva, desde el PSUC viu rechazamos la revisión propuesta por el gobierno central del pacto de Toledo y emplazamos a las organizaciones sindicales y al conjunto de la clase trabajadora a manifestar su oposición. La propuesta del gobierno constituye un atentado contra el sistema público de protección
social y contra los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras. En este contexto, desde el PSUC viu apoyaremos y valoraremos positivamente la convocatoria de movilizaciones contra las medidas propuestas por el gobierno.
Comité Ejecutivo del PSUC viu, 8 de febrero de 2010.
El retraso del acceso a la jubilación es una medida innecesaria cuando resulta que la Seguridad Social registró en 2009 un superávit de 8.502 millones de euros, el equivalente al 0,8% del PIB. Es una medida innecesaria si tenemos en cuenta que ya existe un sistema de pensiones flexible que permite al mismo tiempo jubilaciones anticipadas con penalizaciones en la pensión y la posibilidad de permanecer en el
mercado laboral más allá de los 65 años, con una ligera bonificación en la pensión.
En este sentido, el sistema está compensado. Asimismo, es una medida retrograda, una más del gobierno del PSOE en materia laboral, porque carga sobre la clase trabajadora el incremento de los ingresos a la Seguridad Social mientras el pasado mes de julio el mismo gobierno planteó una reducción de las cuotas empresariales del 2%. No olvidemos que en la reforma de 2006 ya se acordó la reducción de las cotizaciones empresariales al desempleo y al FOGASA, y que en materia de pensiones se aprobó la ampliación del periodo de cotización necesario para generar una pensión, pasando de 13 años reales a 15 años efectivos al no computarse la cotización de las pagas extraordinarias.
Por otra parte, la propuesta del gobierno del PSOE no sólo alarga la edad de jubilación a los 67 años sino que prevé ampliar el periodo de cotización de la pensión hasta los 20 años, lo que supondría una reducción de la cuantía media de las pensiones del 4%. Por ello, es una falacia justificar la propuesta de alargar la edad de jubilación porque se haya incrementado la esperanza de vida de la población española en cuatro años. En consecuencia, el gobierno central pretende que trabajemos más años y luego cobremos menos cuando accedamos a nuestra pensión. Pero mientras el gobierno castiga las pensiones de las rentas más bajas y endurece los requisitos de acceso, por otro lado, sigue financiando los planes
de pensiones privados de las rentas más altas. No en vano, la propia propuesta del gobierno abre al mercado privado el sistema de pensiones reforzando el papel de la previsión social complementaria. La privatización de las pensiones y de la protección social no deja de ser una de las aspiraciones de la
patronal y del discurso neoliberal, con el objetivo de aproximarse a un modelo dual, basado en una Seguridad Social pública débil y de carácter meramente asistencial, y una protección social complementaria de iniciativa privada.
En definitiva, desde el PSUC viu rechazamos la revisión propuesta por el gobierno central del pacto de Toledo y emplazamos a las organizaciones sindicales y al conjunto de la clase trabajadora a manifestar su oposición. La propuesta del gobierno constituye un atentado contra el sistema público de protección
social y contra los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras. En este contexto, desde el PSUC viu apoyaremos y valoraremos positivamente la convocatoria de movilizaciones contra las medidas propuestas por el gobierno.
Comité Ejecutivo del PSUC viu, 8 de febrero de 2010.
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