30.000 personas participaron en la manifestación madrileña contra la decisión del Gobierno de retrasar la edad de jubilación y la posibilidad de ampliación del periodo para el cálculo de la pensión de 15 a 20 años. El PCE participó en la misma, a la vez que hizo un llamamiento a sindicalistas, trabajadores autónomos, organizaciones vecinales, movimientos sociales y al conjunto de la mayoría social trabajadora a defender con nosotros y nosotras una Alternativa social a la crisis.
En momentos en que España se acerca a los cuatro millones y medio de desempleados, el Gobierno del PSOE propone reducir el gasto social destinado a las pensiones. Para ello retrasa de forma obligatoria la edad de jubilación de los 65 a los 67, lo que hará que las personas que viven de su salario cobrarán dos años menos de pensión. Esto supone una reducción de la pensión vitalicia del 10%, dato que representa la mayor agresión al Estado social en los últimos años. Las pensiones no las regala el Gobierno, son el ahorro de los trabajadores y trabajadoras durante toda su vida laboral.
Pero la reforma también contempla reducciones de las cotizaciones sociales pagadas por los empresarios, como la posibilidad de reducir la cotización por contingencias profesionales, que se unirían a las anunciadas en los últimos meses. Mientras el Gobierno propone trabajar más es proclive a reducir las cotizaciones y los impuestos pagados por los grandes empresarios, con lo que se consolida la política de que los beneficios son para una minoría y los sacrificios recaen en la mayoría social trabajadora.
En un momento en que la prioridad de un gobierno de izquierdas debería ser la creación de empleo y la protección de los desempleados, el Gobierno de Zapatero pretende ampliar la población activa reduciendo las oportunidades de empleo, especialmente para los más jóvenes.
El sistema público de pensiones es sostenible. El Gobierno quiere potenciar las pensiones privadas para contentar a los especuladores financieros.
La medida del Gobierno es innecesaria y desproporcionada. Incluso en estos momentos de crisis el sistema público de pensiones disfruta de un superávit de 8.000 mil millones de euros y cuanta con un Fondo de Reserva de 60.000 millones. A pesar de estas cifras, Rodríguez Zapatero utiliza el argumento alarmista de que la evolución de la pirámide demográfica hace inviable el futuro de las pensiones y por eso hay que recortar el gasto.
Este argumento se basa en proyecciones demográficas a medio plazo y con un alto nivel de error. Sólo es necesario recordar que las proyecciones realizadas a principios de los años noventa, en el anterior periodo de crisis, también anunciaban el colapso del sistema público de pensiones a principio del siglo XXI; algo que no ha ocurrido.
Con esta reforma, el gobierno de Zapatero desacredita el sistema público de pensiones y cede ante los bancos y el poder financiero, principales beneficiarios del sistema privado de pensiones.
Sin embargo la viabilidad del sistema se relaciona con el número de personas que cotizan y la cantidad de las cotizaciones. Por eso para el PCE la prioridad es crear empleo para tener más ingresos y elevar los salarios, para así garantizar el derecho a la jubilación. De esta forma defendemos extender los derechos a los trabajadores autónomos fijando su cotización en función de sus rentas y beneficios.
La alternativa social a la crisis que el PCE defiende:
La prioridad es crear empleo de calidad.
La viabilidad de las pensiones no es una cuestión económica sino que es una decisión política. Por eso el PCE defiende que la prioridad no está en recortar el gasto sino aumentar los ingresos para de esta forma no tener que recortar derechos.
El PCE hace un llamamiento a sindicalistas, trabajadores autónomos, organizaciones vecinales, movimientos sociales y al conjunto de la mayoría social trabajadora a defender con nosotros y nosotras una Alternativa social a la crisis, que tenga como objetivo impulsar la movilización para la defensa del empleo y de los derechos sociales, y a participar en las movilizaciones sindicales convocadas. Para ello proponemos diez medidas en defensa del sistema público de pensiones de nuestro país:
1. Crear empleo para aumentar los ingresos. Para ello defendemos una reforma fiscal progresiva que permita aumentar el gasto social y la inversión, y de esta forma crear empleo y construir un Estado del bienestar avanzado. Al reducirse el paro, aumentan los cotizantes y disminuyen las prestaciones por desempleo, lo que permitiría aumentar un 20% los recursos disponibles para las pensiones.
2. Avanzar de manera gradual y flexible en la reducción de la edad de jubilación a los 60 años como forma de repartir el trabajo y crear empleo; medida que se aplicará de manera inmediata en el sector de la construcción y otros sectores de especial penosidad.
3. Mantener el periodo para el calculo de la pensión en 15 años, a elección por parte del trabajador o trabajadora.
4. Extender los derechos a los trabajadores autónomos fijando su cotización en función de sus rentas y beneficios.
5. Suprimir las bonificaciones fiscales en el IRPF por la contratación de planes de pensiones privados.
6. Cubrir los gastos de gestión de la Seguridad Social vía impuestos y no vía cotizaciones, lo cual generaría 7.000 millones de euros anuales adicionales para el pago de pensiones.
7. Incrementar el SMI hasta alcanzar el 60% de la media salarial de la UE (1.100 euros), con el objetivo de elevar la base mínima de cotización.
8. Incrementar la base máxima de cotización.
9. Prohibir la utilización de la prejubilación como mecanismo de ajuste de plantilla por parte de los empresarios, lo que supondría aumentar los ingresos públicos equivalente al 6% del PIB.
10. Por último, garantizar, si es necesario, la viabilidad del sistema público de pensiones a través de aportaciones procedentes de los impuestos, tal y como se hace en países europeos como Dinamarca o Francia.
En momentos en que España se acerca a los cuatro millones y medio de desempleados, el Gobierno del PSOE propone reducir el gasto social destinado a las pensiones. Para ello retrasa de forma obligatoria la edad de jubilación de los 65 a los 67, lo que hará que las personas que viven de su salario cobrarán dos años menos de pensión. Esto supone una reducción de la pensión vitalicia del 10%, dato que representa la mayor agresión al Estado social en los últimos años. Las pensiones no las regala el Gobierno, son el ahorro de los trabajadores y trabajadoras durante toda su vida laboral.
Pero la reforma también contempla reducciones de las cotizaciones sociales pagadas por los empresarios, como la posibilidad de reducir la cotización por contingencias profesionales, que se unirían a las anunciadas en los últimos meses. Mientras el Gobierno propone trabajar más es proclive a reducir las cotizaciones y los impuestos pagados por los grandes empresarios, con lo que se consolida la política de que los beneficios son para una minoría y los sacrificios recaen en la mayoría social trabajadora.
En un momento en que la prioridad de un gobierno de izquierdas debería ser la creación de empleo y la protección de los desempleados, el Gobierno de Zapatero pretende ampliar la población activa reduciendo las oportunidades de empleo, especialmente para los más jóvenes.
El sistema público de pensiones es sostenible. El Gobierno quiere potenciar las pensiones privadas para contentar a los especuladores financieros.
La medida del Gobierno es innecesaria y desproporcionada. Incluso en estos momentos de crisis el sistema público de pensiones disfruta de un superávit de 8.000 mil millones de euros y cuanta con un Fondo de Reserva de 60.000 millones. A pesar de estas cifras, Rodríguez Zapatero utiliza el argumento alarmista de que la evolución de la pirámide demográfica hace inviable el futuro de las pensiones y por eso hay que recortar el gasto.
Este argumento se basa en proyecciones demográficas a medio plazo y con un alto nivel de error. Sólo es necesario recordar que las proyecciones realizadas a principios de los años noventa, en el anterior periodo de crisis, también anunciaban el colapso del sistema público de pensiones a principio del siglo XXI; algo que no ha ocurrido.
Con esta reforma, el gobierno de Zapatero desacredita el sistema público de pensiones y cede ante los bancos y el poder financiero, principales beneficiarios del sistema privado de pensiones.
Sin embargo la viabilidad del sistema se relaciona con el número de personas que cotizan y la cantidad de las cotizaciones. Por eso para el PCE la prioridad es crear empleo para tener más ingresos y elevar los salarios, para así garantizar el derecho a la jubilación. De esta forma defendemos extender los derechos a los trabajadores autónomos fijando su cotización en función de sus rentas y beneficios.
La alternativa social a la crisis que el PCE defiende:
La prioridad es crear empleo de calidad.
La viabilidad de las pensiones no es una cuestión económica sino que es una decisión política. Por eso el PCE defiende que la prioridad no está en recortar el gasto sino aumentar los ingresos para de esta forma no tener que recortar derechos.
El PCE hace un llamamiento a sindicalistas, trabajadores autónomos, organizaciones vecinales, movimientos sociales y al conjunto de la mayoría social trabajadora a defender con nosotros y nosotras una Alternativa social a la crisis, que tenga como objetivo impulsar la movilización para la defensa del empleo y de los derechos sociales, y a participar en las movilizaciones sindicales convocadas. Para ello proponemos diez medidas en defensa del sistema público de pensiones de nuestro país:
1. Crear empleo para aumentar los ingresos. Para ello defendemos una reforma fiscal progresiva que permita aumentar el gasto social y la inversión, y de esta forma crear empleo y construir un Estado del bienestar avanzado. Al reducirse el paro, aumentan los cotizantes y disminuyen las prestaciones por desempleo, lo que permitiría aumentar un 20% los recursos disponibles para las pensiones.
2. Avanzar de manera gradual y flexible en la reducción de la edad de jubilación a los 60 años como forma de repartir el trabajo y crear empleo; medida que se aplicará de manera inmediata en el sector de la construcción y otros sectores de especial penosidad.
3. Mantener el periodo para el calculo de la pensión en 15 años, a elección por parte del trabajador o trabajadora.
4. Extender los derechos a los trabajadores autónomos fijando su cotización en función de sus rentas y beneficios.
5. Suprimir las bonificaciones fiscales en el IRPF por la contratación de planes de pensiones privados.
6. Cubrir los gastos de gestión de la Seguridad Social vía impuestos y no vía cotizaciones, lo cual generaría 7.000 millones de euros anuales adicionales para el pago de pensiones.
7. Incrementar el SMI hasta alcanzar el 60% de la media salarial de la UE (1.100 euros), con el objetivo de elevar la base mínima de cotización.
8. Incrementar la base máxima de cotización.
9. Prohibir la utilización de la prejubilación como mecanismo de ajuste de plantilla por parte de los empresarios, lo que supondría aumentar los ingresos públicos equivalente al 6% del PIB.
10. Por último, garantizar, si es necesario, la viabilidad del sistema público de pensiones a través de aportaciones procedentes de los impuestos, tal y como se hace en países europeos como Dinamarca o Francia.
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