Secretaría del Mundo del Trabajo
Justo cuando se hacen públicos los datos de la EPA (encuesta de población activa) del segundo trimestre que anuncian que el paro sigue aumentando hasta alcanzar la tasa del 17,9% y 4.137.500 personas desempleadas, se anuncia la ruptura del proceso de diálogo social iniciado hace un año entre sindicatos, patronal y gobierno, a causa de las demandas máximas planteadas por la CEOE.
En un momento de grave crisis económica cuyos orígenes no se sitúan en el mercado de trabajo, la patronal pretende que la factura la paguen los trabajadores y las trabajadoras, sacando al mismo tiempo mayores beneficios para sus rentas. Así, la propuesta presentada a las centrales sindicales y al gobierno es un completo programa neoliberal que pretende modificar la legislación laboral, erosionar el estado del bienestar, aumentar la actividad empresarial privada en sectores públicos y disminuir sus cotizaciones sociales.
Todo un despropósito acorde con sus intereses de clase que se materializa en: conseguir una rebaja de cotizaciones empresariales de 6 puntos; abaratar el despido; modificar la legislación de modo que las ETTs puedan operar en sectores actualmente prohibido; rebajar el impuesto de sociedades en 5 puntos a las empresas de menos de 25 trabajadores y trabajadoras, sin compromiso de mantenimiento del empleo; introducir o aumentar la actividad privada en sectores como los servicios públicos de empleo, la sanidad, las ETTs y el servicio de atención a la dependencia; extender las bonificaciones a los EREs de suspensión temporal; dejar de pagar la prestación de baja por enfermedad entre el 4º y el decimoquinto día, aumentar las líneas de financiación para actividades empresariales varias; debilitar la protección judicial de los trabajadores y las trabajadoras; etc.
Todo ello acompañado de una propuesta fiscal por la cual el gobierno debería comprometerse a no aumentar el impuesto de sociedades, actividades económicas, plusvalías e IVA.
Ante semejantes pretensiones, el PCE respalda la actuación de CCOO y UGT dando por terminado el proceso de diálogo social y considera que es el momento de pasar a la acción política y a la movilización social en defensa de una mayor protección para los sectores más vulnerables y desprotegidos, golpeados con más fuerza por la crisis económica.
Es el momento de poner en marcha la acción política para exigirle al Gobierno Zapatero que debe legislar pensando en los más desfavorecidos y en la clase trabajadora, apoyándose para ello en aquellas fuerzas políticas de izquierdas del arco parlamentario. Al mismo tiempo, desde el PCE consideramos que hay que pasar a una mayor ofensiva movilizadora de los trabajadores y las trabajadoras en defensa de sus intereses, fortaleciendo sus posiciones frente a una patronal insaciable en sus reivindicaciones y apoyada por la derecha política de nuestro país.
Es necesario, por tanto, poner en marcha un proceso amplio de debate, organización y movilización social buscando un gran acuerdo en torno a aquellas propuestas que aseguren una salida democrática a la crisis y a favor de la clase trabajadora, forjando con ello una gran alianza social y sindical que pare la ofensiva patronal y las políticas de derechas.
Justo cuando se hacen públicos los datos de la EPA (encuesta de población activa) del segundo trimestre que anuncian que el paro sigue aumentando hasta alcanzar la tasa del 17,9% y 4.137.500 personas desempleadas, se anuncia la ruptura del proceso de diálogo social iniciado hace un año entre sindicatos, patronal y gobierno, a causa de las demandas máximas planteadas por la CEOE.
En un momento de grave crisis económica cuyos orígenes no se sitúan en el mercado de trabajo, la patronal pretende que la factura la paguen los trabajadores y las trabajadoras, sacando al mismo tiempo mayores beneficios para sus rentas. Así, la propuesta presentada a las centrales sindicales y al gobierno es un completo programa neoliberal que pretende modificar la legislación laboral, erosionar el estado del bienestar, aumentar la actividad empresarial privada en sectores públicos y disminuir sus cotizaciones sociales.
Todo un despropósito acorde con sus intereses de clase que se materializa en: conseguir una rebaja de cotizaciones empresariales de 6 puntos; abaratar el despido; modificar la legislación de modo que las ETTs puedan operar en sectores actualmente prohibido; rebajar el impuesto de sociedades en 5 puntos a las empresas de menos de 25 trabajadores y trabajadoras, sin compromiso de mantenimiento del empleo; introducir o aumentar la actividad privada en sectores como los servicios públicos de empleo, la sanidad, las ETTs y el servicio de atención a la dependencia; extender las bonificaciones a los EREs de suspensión temporal; dejar de pagar la prestación de baja por enfermedad entre el 4º y el decimoquinto día, aumentar las líneas de financiación para actividades empresariales varias; debilitar la protección judicial de los trabajadores y las trabajadoras; etc.
Todo ello acompañado de una propuesta fiscal por la cual el gobierno debería comprometerse a no aumentar el impuesto de sociedades, actividades económicas, plusvalías e IVA.
Ante semejantes pretensiones, el PCE respalda la actuación de CCOO y UGT dando por terminado el proceso de diálogo social y considera que es el momento de pasar a la acción política y a la movilización social en defensa de una mayor protección para los sectores más vulnerables y desprotegidos, golpeados con más fuerza por la crisis económica.
Es el momento de poner en marcha la acción política para exigirle al Gobierno Zapatero que debe legislar pensando en los más desfavorecidos y en la clase trabajadora, apoyándose para ello en aquellas fuerzas políticas de izquierdas del arco parlamentario. Al mismo tiempo, desde el PCE consideramos que hay que pasar a una mayor ofensiva movilizadora de los trabajadores y las trabajadoras en defensa de sus intereses, fortaleciendo sus posiciones frente a una patronal insaciable en sus reivindicaciones y apoyada por la derecha política de nuestro país.
Es necesario, por tanto, poner en marcha un proceso amplio de debate, organización y movilización social buscando un gran acuerdo en torno a aquellas propuestas que aseguren una salida democrática a la crisis y a favor de la clase trabajadora, forjando con ello una gran alianza social y sindical que pare la ofensiva patronal y las políticas de derechas.
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RIVAMADRID utiliza el despido por causas económicas para despedir UNICAMENTE A UNA TRABAJADORA.(Empresa pública del Ayuntamiento de Rivas, el cual ha recibido una ayuda del estado para mantener y fomentar el empleo de más de 10 MILLONES DE EUROS).
ResponderEliminarEn el Consejo de Administración hay un representante de CCOO Y otro de UGT. Ellos lo han autorizado. Lo veo contradictorio con sus alegaciones públicas y les he preguntado ¿porqué? Hasta el momento SILENCIO.