Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León
Este verano me comentaban viejos sindicalistas de la zona del Bierzo que estaban indignados. Indignados por los recortes de derechos y protección social que estaba llevando a cabo un gobierno socialdemócrata. Recordaban con amargura cómo ellos habían luchado durante muchos años para conseguir arrancar unos mínimos derechos para la clase trabajadora, que ahora se estaban tirando a la basura. Relataban cómo habían tenido que hacer huelgas, encierros, manifestaciones, incluso huelgas de hambre , para obtener cada una de las conquistas sociales que había supuesto las 37 horas semanales, unos salarios dignos, la cobertura en caso de desempleo, la negociación de convenios colectivos, servicios sociales públicos, etc. Cómo todo esto se estaba desmantelando en pocos meses, con una impunidad increíble a manos de los que se proclamaban como defensores de la clase trabajadora. Y encima, utilizando el discurso de que «era por su propio bien», que en el futuro lo agradeceríamos.
Esta indignación de los viejos luchadores, es la que tiene que recorrer a toda la clase trabajadora para salir el 29 de septiembre a la calle contra el desmantelamiento del Estado social. Porque estas reformas sólo hacen que profundizar, aprovechando la excusa de la crisis, un modelo neoliberal capitalista voraz que en su esencia conlleva el enriquecimiento inmoral de unos pocos, a costa de la mayoría. Los hechos así lo demuestran.
Como explica el reputado catedrático Vincenç Navarro, la participación de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional en el promedio de los países de la UE-15 ha ido descendiendo desde principios del establecimiento de la Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%, y es todavía más acusado en España. Es decir, la clase trabajadora cada vez gana menos, cada vez se lleva menos del reparto de la tarta. Esto ha ido acompañado de un aumento del desempleo y de un deterioro de las condiciones de trabajo. Por si esto no fuera suficiente, la protección social se ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto público social ha ido descendiendo en el promedio de la UE-15 y España ha permanecido en la cola, siendo el país con el gasto público social por habitante más bajo. Además ha habido una disminución alarmante de los derechos laborales en los países de la UE-15. Mientras , se ha producido un enorme incremento de los beneficios empresariales: un 42,3% en la zona euro entre 1999-2008, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, las mayores empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73%, mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7%.
Estos datos son argumentos suficientes para la indignación y la movilización ante unas políticas del PSOE que quieren que paguemos todos una crisis que no hemos creado .
La huelga general es un derecho democrático y constitucional y el único instrumento colectivo que tenemos la ciudadanía para responder a este ataque. Porque si la huelga general es un éxito el gobierno tendrá que rectificar su política inmediatamente. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.
Es necesario ir a la huelga para decir no a la reforma laboral que facilita, abarata y subvenciona el despido al empresario, que debilita la negociación colectiva, dando más poder al empresario para modificar los Acuerdos unilateralmente, que condena a los jóvenes a la temporalidad, que da competencias propias del Servicio Público de Empleo a las ETT y que quiere que los sindicatos tengan una figura irrelevante en los centros de trabajo y en la sociedad.
Es necesario ir a la huelga para decir no a la reforma del sistema público de pensiones que pretende ampliar la edad legal de jubilación a los 67 años y ampliar de 15 a 20 años el tiempo para calcular la pensión, perjudicando aún más a los jóvenes y las mujeres con contratos precarios, parciales y temporales. Que bajará las pensiones y aumentará el periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión contributiva.
Es necesario ir a la huelga para decir no a la reforma del sector financiero que está privatizando las cajas de ahorro dando entrada al capital privado y debilitando el control público y democrático de las cajas.
Es necesario ir a la huelga para decir no al plan de ajuste del gasto público que supone la congelación de las pensiones, el recorte salarial de los empleados públicos, la reducción de la inversión pública estatal en 6.000 millones de euros y recortes en la contratación del personal de los servicios públicos en educación y sanidad principalmente.
Es necesario ir a la huelga para decir no a la subida de impuestos indirectos como el IVA que hace que suban todas las facturas y tengamos que pagar todos por igual, los ricos y los pobres.
Es necesario ir a la huelga para decir no a la sospecha infundada del gobierno sobre las personas paradas, reduciendo de 100 a 30 días el tiempo en el que una persona parada puede rechazar cursos de formación bajo la amenaza de una sanción. Es una estrategia de calificar de fraudulentos a los desempleados, como si la gente estuviera en el paro por gusto y de manera voluntaria.
Es necesario ir a la huelga para derrotar estas políticas injustas, regresivas, insolidarias y antisociales. Porque si cedemos en esto, se abre la puerta para continuar con más ajustes y recortes en las pensiones, sanidad, educación, servicios sociales, etcétera.
Porque la crisis y las políticas que se están llevando a cabo con su excusa se deben, como explica Vincenç Navarro, no a los mercados financieros, sino al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por las derechas (cristiano-demócratas y liberales), con la sumisión de los partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado elementos claves de la tradición socialdemócrata para convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas han consistido en la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la protección social, la reducción de los impuestos (determinante del crecimiento de la deuda pública en todos estos países), el aumento de su regresividad, las privatizaciones de los servicios del Estado del bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y sociales.
De ahí que sea fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión de tales políticas, no por un cambio político en el que ganen las derechas que empeoraría todavía más la situación, sino por un cambio muy sustancial a la izquierda en las políticas de los gobiernos, que no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de dichas políticas.
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